Trabajo recurre al chivatazo ciudadano para hallar focos de economía sumergida
La Generalitat crea un buzón anónimo para dar parte de empleados irregulares
"Todos conocemos a alguien, especialmente empresarios, que se queja porque otras empresas tienen trabajadores irregulares. Se quejan. Pero luego no denuncian...". Con esta explicación justificó ayer Mar Serna, consejera de Trabajo, la puesta en marcha de una nueva herramienta para detectar la economía sumergida: el chivatazo ciudadano. El departamento anunció ayer la creación de un "buzón de colaboración ciudadana", es decir, un formulario en su página web que permitirá a quien lo desee, de forma anónima, señalar con el dedo a los empresarios que incumplan la ley a la hora de contratar.
Si sabe que en el bar de abajo los camareros no tienen contrato o son inmigrantes sin documentación en regla, puede hacérselo saber a la Inspección de Trabajo. También podrá chivarse si conoce a un falso autónomo que cobra el paro pero, aun así, hace trabajos por su cuenta. "En momentos de crisis siempre existe una tendencia de crecimiento de la economía sumergida. Hay una minoría de empresas que hacen competencia desleal", lamentó Serna, que recordó que "en ningún caso el aviso al buzón será una denuncia", sino una ayuda a la inspección para ajustar los programas de control. Según el departamento, en cuyas manos están desde marzo las competencias de la Inspección de Trabajo (que se traspasaron gracias al Estatuto), en el primer semestre se detectaron un 100% más de casos de gente que trabajaba sin contrato (4.446 personas) y un 75% más de trabajadores que compatibilizaban ilegalmente una prestación por desempleo y un trabajo sin contrato (350 casos entre enero y junio).
Además del buzón anónimo, Trabajo ha puesto en marcha un plan de inspecciones contra la economía sumergida que incluye visitas a 12.300 empresas en la segunda mitad del año. Asimismo se revisarán los contratos de 4.000 menores de 30 años, para "evitar el uso fraudulento de los contratos temporales", y se comprobará la aplicación de los planes para evitar la siniestralidad laboral y la discriminación.