Transparencia

Llevamos meses inmersos en acusaciones cruzadas de corrupción y desgobierno, que afectan a todas las esferas de gobierno del país. Sabemos que la financiación de muchos partidos no es trigo limpio. Los informes de los tribunales de cuentas no son más explícitos porque sus miembros tienen una dependencia directa de los propios partidos que investigan. Cada año, Transparencia Internacional (www.transparency.org) sitúa a España en un lugar discreto y sistemáticamente cuestiona los conchabamientos y amistades peligrosas entre banca, empresas y sistema político, asunto del que no escapan unos medios de comunicación que atraviesan momentos complicados. Como ocurre a menudo en el tráfico de mercancías, siempre hay piezas o dinero que no llega a su destino, facultando que infinidad de intermediarios medren con el asunto. Es impresionante la confesión de Fèlix Millet por su capacidad de salpicar y colocar a todo quisque en el mismo barreño de malversación de dinero público y de fraude fiscal generalizado, lanzando veladas amenazas sobre arranques de sinceridad y arrepentimiento.

Con tanto querer tirar de la manta, a veces rozamos el ridículo. Como ocurre con los manoseados informes con los que gobiernos y oposición tratan de lanzar pullas y avisos, pero sin morder del todo, no sea que al final acabe todos metidos en un despelote político que a nadie del asunto beneficiaría. Lo más irónico del asunto es que cuando alguien como Antoni Castells, en un alarde de sinceridad inusitado, reconoce que el 16% de los informes no eran necesarios, la oposición y los medios hagan el caldo gordo de un asunto que es peccata minuta en medio de negocios mucho más jugosos. La justicia va convirtiéndose en un atribulado frontón de la falta de transparencia del sistema, demostrando flaquezas y contaminaciones que sólo añaden leña al fuego. Al final todos sacan pecho, afirmando que finalmente será la ciudadanía la que acabará sancionando positiva o negativamente tales conductas con sus votos. Confundiendo buen gobierno y legitimidad política con voto mayoritario. Necesitamos mecanismos para que la ciudadanía pase de espectador hastiado a protagonista que sea protegido si decide denunciar tropelías, sobornos y chantajes, y que disponga de pleno acceso a la información oficial.