El Vallès concentró más de la mitad de las 36 fiestas 'rave' celebradas en Cataluña en 2006

Irse con la música a otra parte es una expresión que han asumido con resignación cientos de jóvenes franceses amantes del techno. Hace cinco años, el Gobierno francés aprobó la Ley de Seguridad Cotidiana. La normativa obliga a los organizadores de fiestas rave (también llamadas free parties) a disponer de una autorización administrativa, para lo cual hay que comprometerse a respetar una serie de disposiciones sobre seguridad, salud, higiene y orden público.

La Ley de Espectáculos que prepara Interior exigirá un permiso para montar 'free parties'

Cientos de jóvenes franceses viajan a Cataluña para participar en 'raves'

Un informe policial de la época de CiU dice que los Mossos no pueden actuar de forma cautelar

Como tanta formalidad no casa con el espíritu del movimiento rave, los organizadores se desinteresaron. Y los que siguieron intentándolo, aun al margen de la ley, se expusieron a la actuación ipso facto de la policía: intervenir los equipos de música basta para poner fin a estas juergas al aire libre. De modo que muchos jóvenes -sobre todo los del sur de Francia- miraron un poco más al sur y constataron que la ley era menos restrictiva en suelo catalán.

Aquel viaje forzoso allende los Pirineos ha convertido a Cataluña en destino preferente para el montaje de fiestas rave. El año pasado, la policía tuvo constancia de 36 eventos de este tipo, es decir, más de uno cada quince días. La cifra supone un aumento del 56% respecto a los detectados en 2005. El Vallès (en especial la comarca del Vallès Oriental) concentró más de la mitad de las fiestas celebradas el año pasado. El municipio de La Llagosta lideró la clasificación con siete raves, seguido de Sant Fost de Campsentelles (cinco).

Las raves son sesiones de música en las que los disc jockeys pinchan techno a todo trapo. Para ello utilizan avanzados equipos de gran potencia: mesas de mezclas, sintetizadores, altavoces... Una de las características es que suelen celebrarse al aire libre. Puede ser en algún rincón más o menos discreto de la montaña, o bien en espacios y recintos propicios: naves industriales, antiguos recintos fabriles, masías abandonadas o recintos militares en desuso. Tras uno o varios días de jolgorio, los participantes suelen volver a casa.

Polinyà desató la tormenta

La asistencia a estas manifestaciones de la cultura underground es variable. De las 36 fiestas del año pasado, sólo 8 superaron las 200 personas. La más multitudinaria fue precisamente la que, el último día del año, congregó en Polinyà (Vallès Occidental) a algo menos de 2.000 personas. La fiesta acabó trágicamente. Uno de los participantes -Mohammed D., de 23 años y vecino de la localidad francesa de Narbona- fue atropellado en una carretera cercana al solar de un antiguo cámping. Murió.

Las alcaldesas de Polinyà i Palau-solità i Plegamans denunciaron entonces la "pasividad" policial, argumentando que los agentes no habían impedido la celebración. Tres días después del inicio de la fiesta, los Mossos d'Esquadra detuvieron a tres personas por tráfico de drogas, impusieron multas e identificaron a 145 personas.

Los grupos de la oposición, CiU y PP, se sumaron a las críticas. La federación nacionalista tildó de "excusa" la explicación del consejero de Interior, Joan Saura (ICV), en el sentido de que la policía no podía prohibir de forma preventiva la fiesta, ya que , al tratarse de una propiedad privada, se requería una orden judicial.

Un informe policial sobre fiestas rave de marzo de 2003 al que ha tenido acceso este diario es contundente en este sentido. En su apartado de conclusiones, el documento -redactado cuando la responsable de Interior era la democristiana Núria de Gispert- asegura que "no son de aplicación medidas cautelares por parte de los agentes policiales ante espectáculos de estas características". Sólo podría hacerse "mediante resolución administrativa del órgano competente".

El texto se refiere a la ley francesa de 2002 y señala que, "a diferencia de la normativa autonómica, permite la aplicación de medidas cautelares (...) mediante la intervención de todos los aparatos de música en el caso de que la fiesta no haya sido autorizada". En Cataluña, lo máximo que se puede hacer en la mayoría de casos, prosigue el documento, es "confeccionar un acta administrativa", con lo cual es difícil obtener un "resultado óptimo". El grupo de investigación también señala en el texto la "dificultad" de montar un operativo policial ante fiestas rave, debido al "secretismo" de sus organizadores.

Requisar los instrumentos

Inspirándose en parte en el modelo francés, el Departamento de Interior prepara una ley del espectáculo y de las actividades recreativas que sustituirá a la vigente, aprobada en 1990. Las fiestas rave estarán incluidas, aun sin nombrarlas explícitamente, en un apartado sobre "actividades de régimen especial", según avanzó el secretario general de Interior, Joan Boada.

"No se trata de prohibir o no. Se concederá el permiso para organizar una rave si se cumplen una serie de requisitos. Y si no se cumplen, entonces se podrá intervenir de forma inmediata". Los mecanismos de actuación serán diversos: "Suspender la actividad, precintar el lugar o simplemente requisar los aparatos musicales", abundó Boada.

En el caso de que haya "problemas graves de seguridad" -consumo de drogas o presencia excesiva de vehículos, como suele ocurrir en las free parties- los Mossos d'Esquadra podrán interrumpir la fiesta. Aunque serán los responsables policiales los que decidirán en cada caso, en función de las circunstancias. El objetivo es que la normativa esté lista en el segundo semestre del año.