Vecinos de Sitges llevan al fiscal la reforma del Cau Ferrat

Las obras para rehabilitar los edificios de los museos del Cau Ferrat y Maricel de Sitges comenzaron en junio, pero algunos sitgetanos no pierden la esperanza de que el proyecto arquitectónico se revise al considerar que la reforma vulnera la Ley de Patrimonio. Por eso, la plataforma Volem el Nostre Sitges presentó hace un mes al fiscal de delitos urbanísticos Antoni Pelegrín la documentación relativa al proyecto arquitectónico dirigido por el arquitecto Josep Emili Hernández Cros. "Es la única alternativa que quedaba, ya que las instituciones no han atendido nuestras quejas", explica Beli Artigas, portavoz de la plataforma.

El punto que más polémica ha generado es la instalación de rampas cubiertas por una cortina de vidrio que unificará las fachadas de mar. Según la plataforma, esta nueva piel no respeta la protección que gozan los edificios catalogados.

En un acto celebrado ayer, la plataforma enumeró los puntos de la reforma que, según ellos, son contrarios a la Ley de Patrimonio y presentó su proyecto alternativo, en el que no aparece la estructura exterior, sino pequeñas rampas y un ascensor interior.

Informe desfavorable

Según Artigas, la plataforma ha recogido más de 1.000 firmas de apoyo entre los vecinos de la población y ha enviado al fiscal y al Ayuntamiento el informe aprobado en junio por la Academia de Bellas Artes de Sant Jordi, firmado por Joan Antoni Solans y Josep M. Fargas en el que plantean su preocupación por el proyecto y el coste energético del muro de cristal. Según los académicos, "la irrupción de materiales y técnicas constructivas no se corresponden con las tradicionales y comportará un indeseable impacto sobre la fachada marítima de la villa". Artigas también presentó otro dictamen encargado por el Ayuntamiento de Sitges y la Diputación en 2003 "exhaustivo, respetuoso y nada intervencionista. No entiendo por qué se encargó otro estudio en 2007, que costó 480.000 euros, que ha servido para el proyecto actual obviando éste", comentó.

Antoni Sella, director del consorcio del patrimonio de Sitges -formado por el Ayuntamiento y la Diputación-, defiende el proyecto, que tiene un presupuesto de 6,6 millones de euros, asegurando que tiene el visto bueno de la Generalitat y que "las rampas son la única posibilidad de cumplir las normativas de seguridad y accesibilidad". Según Sella "los proyectos importantes generan controversia. Pero más allá de la estética, opinable, los que deciden son los técnicos".