Vigilancia civil
La evolución de los hechos en Europa en los últimos años ha supuesto un notable incremento de la presión securitaria en todos los rincones del continente. La combinación de miles de personas llamando a nuestras puertas, la eclosión de nuevas formas de terrorismo global, y las crecientes inseguridades de todo tipo que rodean nuestra vida cotidiana, han dado suficiente base para que el tema haya escalado rápidamente puestos en la escala de percepciones sociales sobre la agenda de actuaciones que emprender. No quisiera ahondar en los argumentos que Jordi Borja esgrimía en estas mismas páginas el pasado lunes, desnudando con toda razón la vergonzosa actitud de los socialistas españoles (con las excepciones ya conocidas de Borrell y Obiols) votando una directiva que coloca en una insólita situación jurídica a los inmigrantes en situación irregular en la tan cacareada Europa de los derechos y las libertades. Quiero incorporar a la reflexión el necesario debate sobre la necesidad de una vigilancia civil en Europa ante las constantes vulneraciones y transgresiones que en nombre de la seguridad sin paliativos vamos constatando día tras día. Y lo quiero hacer precisamente hoy, 26 de junio, que es el día mundial de las víctimas de la tortura.
La vigilancia genera denuncias que permiten a los poderes ver cómo funcionan sus políticas y sus servicios
Desde hace años, una organización como Statewatch (www.statewatch.org) viene realizando una más que meritoria tarea en el seguimiento del estado de las libertades civiles en Europa. Esta compuesta por abogados, académicos, periodistas y activistas sociales, y emite constantemente opiniones y dictámenes sobre actuaciones policiales, normativas restrictivas de las libertades, controles de fronteras, puesta en práctica del derecho de asilo o uso abusivo de las videocámaras. La labor de Statewatch ha ido poniendo de relieve la falta de consistencia entre los valores programados por la Unión Europea y la práctica concreta de sus países miembros y de las directivas que se van decidiendo e implementando. Como afirma Amnistía Internacional en uno de sus últimos comunicados ante el inicio de la presidencia francesa: "Las palabras han de convertirse en acción... la distancia entre palabras y hechos crece debido al exceso de complacencia cuando la UE habla sobre derechos humanos. En vez de complacencia... se necesita el sentido del reto. El de reto de ser consistentes... coherentes... y creíbles". Y para ello lanza 10 puntos a la presidencia francesa, concluyendo con la necesidad de que se rindan cuentas sobre la política de la UE en materia de derechos civiles, tanto en la esfera interna como en la política exterior.
Uno de los aspectos en que tanto Statewatch como Amnistía Internacional ponen más el acento es en los abusos y vulneraciones cometidos sobre los derechos y las libertades de las personas, sea en razón de ser considerados terroristas o cómplices de los mismos, sea con el fin de obtener información, sea por simple negligencia. En este país, hace ya cuatro años, el entonces relator especial de la Naciones Unidas, Theo van Boven, afirmó que los casos de malos tratos y de torturas en España eran algo más que esporádicas. Ahora, cuatro años más tarde, la Coordinadora para la Prevención de la Tortura ha presentado su informe en el que afirma que en el año 2007 se conocieron más de 300 casos, que afectaron a más de 600 personas y que dieron lugar a un número similar de denuncias. La coordinadora agrupa a 44 entidades, profesionales, académicas y sociales (entre ellas, Justícia i Pau, la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona y la Associació Catalana per a la defensa dels Drets Humans). Estas entidades denuncian estos hechos, manifiestan las dificultades para obtener información de lo que ocurre en comisarías y cárceles, y apuntan algunas líneas de avance. Es importante resaltar que es en los lugares de España con presencia más activa de vigilancia civil donde más denuncias se han realizado, lo cual indica la importancia de que las personas no se sientan indefensas ante situaciones en las que se es muy consciente del desequilibrio de medios y de recursos.
Desde mi punto de vista, lo más significativo de este conjunto de referencias es la existencia de una red de personas e instituciones que mantienen una presencia activa y vigilante en los puntos en que más está en juego la consistencia y efectividad de las declaraciones de derechos. Velar, vigilar, estar atento de lo que ocurre a tu alrededor, es uno de los atributos esenciales de la ciudadanía contemporánea. La vigilancia puede ayudar a corregir la arritmia de los momentos electorales, manteniendo la presencia y la atención de los ciudadanos en relación con los asuntos públicos. La vigilancia civil es una forma más de movilización, que pretende tener efectos políticos derivados no de una hipotética función policial o inspectora (que no sería pertinente), sino de la capacidad de generar alarma ante hechos que pueden poner en peligro los valores fundamentales de una comunidad. La vigilancia genera denuncias, que son un verdadero termostato social que permite a los poderes públicos recibir señales útiles sobre cómo funcionan sus políticas y sus servicios. Evidentemente, esa denuncia tiene que estar bien fundamentada y razonablemente expresada, para que mantenga la reputación de quienes la realizan y para que sirva para corregir posibles desviaciones y malas prácticas. Hace 10 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobaba una declaración en cuyo artículo primero se decía: "Toda persona tiene el derecho, individual y colectivo, de promover y procurar la protección y la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los ámbitos nacional e internacional" (resolución 53/144). Es toda una invitación a no delegar del todo nuestra capacidad de ejercicio democrático en asuntos tan sensibles para todos como son los derechos y libertades.
Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la UAB.
