Cuatro acusados de fraude con una fundación de Unió admiten facturas falsas
Cuatro empresarios imputados en un presunto fraude de cinco millones de euros orquestado a través de la Fundació Catalunya i Territori, vinculada a Unió Democràtica, admitieron ayer al juez haber facturado por servicios no realizados a través del grupo de empresas IMS. El Juzgado de Instrucción 21 de Barcelona investiga la querella que presentó la fiscalía contra 15 personas por apropiación indebida, administración desleal y falsificación de documentos. El fiscal pide que el partido de Duran Lleida responda como partícipe a título lucrativo. Los hechos ocurrieron entre 2004 y 2009.
Ayer habían sido citados cinco administradores de diversas sociedades, uno de los cuales se negó a declarar, mientras que los otros cuatro admitieron que aceptaron "figurar como administradores ficticios o testaferros de las empresas, colaborando, por tanto, en la trama de elaboración de la pelota financiera", según el fiscal.
Gerente de UDC
Entre los acusados figura Josep Boqué, director general de Consumo de 1990 a 1996 en los Gobiernos de Jordi Pujol, así como José María Núñez, gerente de Unió cuando ocurrieron los hechos y ex alcalde de Vilassar de Mar. La Fiscalía de Barcelona consideró que había indicios para imputar al diputado Josep Sánchez Llibre, pero la Fiscalía del Tribunal Supremo lo desestimó.
La tesis de la acusación pública es que los responsables de la trama son Juan Alberto López y Miguel Ángel Cortés, quienes entre 2004 y 2006 supuestamente desviaron 1.786.651 euros desde la fundación, que se nutría con donaciones, al grupo empresarial IMS, utilizando facturas falsas y préstamos no documentados. Cuando se descubrió la deuda se inició una pelota por los préstamos pedidos a los bancos y acabó intermediando la constructora Copisa. López y Cortés también se negaron a declarar en su día. El próximo día 25 están citados el resto de querellados.
