El asesinato del Raval precipita el desalojo de un bloque ocupado desde 2007

El asesinato de un joven senegalés el pasado lunes ha obligado a las autoridades a aplicar soluciones urgentes para el número 39 de la calle del Carme. La finca, ocupada de forma ilegal desde hace tres años, se ha transformado en una base operativa para delincuentes de medio pelo y camellos del Raval. El asesinato precipitó ayer una reacción en cadena. Por la mañana, el juez fue informado del suceso y decretó el desahucio inmediato de uno de los pisos, que la policía desalojó por la tarde. El Ayuntamiento de Barcelona defendió que ha explorado todas las vías e instó al propietario a ejecutar cuanto antes las obras de rehabilitación.

El homicidio, fruto de un ajuste de cuentas entre traficantes que viven en el bloque, agotó la paciencia de los vecinos, hastiados por la violencia diaria que nace en el 39. Hace una semana, una pelea a cuchillo entre dos subsaharianos acabó con tres heridos. En enero, los jóvenes magrebíes que ocupaban las plantas superiores (según la policía, robaban en otros pisos a través de las azoteas) provocaron un incendio.

"No podemos poner policías en todas las puertas", asegura el comisario Molinero

El Consistorio ha tardado dos años en dar la licencia de obras al propietario

Las peleas ya no sorprenden a Nicolás, cocinero del restaurante Iposa. Explica que las broncas y los robos se intensifican de noche. Los africanos, dice, arrojan muebles, basura y agua por el balcón. "¡El otro día me cayó un televisor a un metro y medio! No tengo miedo, pero quiero vivir tranquilo", dice. Los vecinos denuncian la dejadez de las instituciones. Y ponen un ejemplo: el lunes, tras la pelea mortal, los agentes custodiaron el bloque hasta las diez de la noche. "A los 15 minutos, ya había otros dos chicos pegándose", recordó un vecino. "Viven en condiciones infrahumanas y van colocados", insistió.

Ninguno de esos incidentes, ni siquiera el clima creciente de inseguridad en el barrio, habían servido para poner coto al conflicto. En un principio, el bloque debía ir a tierra en virtud de un plan urbanístico que después se modificó. El propietario solicitó hace tres años el permiso de obras para acometer una rehabilitación integral de la finca y poner los pisos en alquiler. La semana pasada recibió la licencia de obras, dos años después de haberla pedido, admitió un portavoz municipal. El hijo del propietario, Josep Borrell, denunció la lentitud del Consistorio. "No han hecho más que poner trabas y pedir papeles". El Ayuntamiento se defendió argumentando que para tramitar el expediente era necesario cumplir una serie de requisitos. Fuentes municipales cuestionaron la diligencia del propietario a la hora de tapiar las viviendas y evitar así las sucesivas ocupaciones. "Lo hemos hecho, pero siempre vuelven a entrar. Lamentamos que haya hecho falta un crimen para el desalojo", replicó Borrell

La solución dista de ser definitiva. Mossos y Guardia Urbana estuvieron presentes todo el día y se comprometieron a "garantizar la vigilancia" y "reforzar el patrullaje" los próximos días. Pero lo cierto es que la orden de desahucio emitida ayer sólo sirve para un piso del entresuelo, el mismo donde ocurrió el crimen. Los bomberos estudian si la planta superior también supone un riesgo para la seguridad, ya que algunas vigas quedaron afectadas por el fuego. "Ha habido una campaña específica, pero no podemos poner agentes en todas las puertas", justificó el jefe de los Mossos en Barcelona, el comisario Joan Carles Molinero.

El Ayuntamiento defendió que exploró todas las vías y buscó una solución "integral" al conflicto. Intentó, entre otras cosas, comprobar si había menores de edad en la finca. Pero no pudo constatar ese extremo. Ayer, un técnico municipal llamó a Borrell para instarle a acometer las reformas cuanto antes. Pero por ahora no va a poder ser. Es necesario que el juez decida antes el desahucio de todo el bloque. Hasta entonces no se podrá tapiar la finca e iniciar las obras de rehabilitación.

La policía precintó y tapió ayer la vivienda donde ocurrió el crimen. Sus paredes y vigas muestran aún el efecto del incendio y en el suelo se amontonan colchones sucios. El administrador de la finca, que pide el anonimato, explicó que en el bloque sólo hay dos familias con contrato de alquiler y que intentan desalojar la finca desde hace dos años. "Aquí está ocupado hasta el tejado".