Los auditores piden que no se criminalice a su gremio

El presidente del Registro de Economistas Auditores de Cataluña (REA), Emilio Álvarez, ha pedido, a raíz del escándalo del Palau, que "no se criminalice" a su gremio. Un gremio en el que corre a menudo el dicho de que "una auditoría es una auditoría". Significa que siempre debe aplicarse la misma normativa técnica independientemente del tamaño o sector económico, sea una gran empresa que cotiza en Bolsa, bajo exigencias mucho mayores de información pública, sea una histórica fundación, que puede desarrollar su actividad en países lejanos de difícil rastreo. El saqueo sistemático y millonario de Palau de la Música abre interrogantes sobre las responsabilidades que se pueden pedir al auditor.

Los auditores topan con errores (no hay intencionalidad) o con irregularidades (sí la hay). Si no se corrigen ambos, el informe de auditoría incorpora salvedades y se aconseja implicar a especialistas en fraudes. "Nosotros detectamos cada año numerosos casos de fraude", dice Ricardo Noreña, socio auditor responsable de Investigación del Fraude de Ernst & Young, que desplaza la responsabilidad a quien comete dicho el delito.

Pero el auditor no es un inspector, aclara el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España: "La auditoría legal es verificar y revisar la documentación proporcionada por la empresa para que el auditor se forme una opinión sobre si las cuentas reflejan la imagen fiel del patrimonio de la empresa". Es un caso bien distinto si el propio cliente falsea la información. Pudo ocurrir así en el Palau: los auditores tenían acceso a los números de la fundación y el consorcio, pero no a los del Orfeó. Un auditor que pide anonimato reconoce: "No disponemos de herramientas que aseguren con certeza la detección de fraudes".