Un aval europeo
De creer a ciertos medios de comunicación madrileños y a determinados partidos políticos, durante el año que acaba de concluir las medidas político-administrativas de acoso, de discriminación e incluso de persecución contra la lengua castellana en Cataluña habrían arreciado hasta alcanzar niveles paroxísticos. Tanto sería así que, no contentos con magnificar a página entera el menor incidente, queja o pleito de contenido lingüístico, dos diarios de difusión estatal creyeron necesario promover, el pasado mes de junio, un enérgico Manifiesto por la lengua común que recogió (o indujo) decenas de miles de adhesiones, pero, sobre todo, justificó una nueva oleada de agitprop contra la política lingüística de la Generalitat.
Esos sectores a los que el texto fechado en Estrasburgo desmiente han reaccionado con una desoladora falta de 'fair play'
En el terreno partidario, las diferentes siglas del espectro españolista se han pasado todo el año 2008 compitiendo por la defensa de los castellanohablantes supuestamente sojuzgados bajo el Gobierno de José Montilla. Ya durante la campaña para las elecciones generales de marzo, el Partido Popular prometió, si ganaba, una ley estatal que garantizase la escolarización en castellano en todo el territorio español, y Mariano Rajoy incluso descalificó, en el curso de uno de sus debates cara a cara con Rodríguez Zapatero, la obligación de rotular los comercios por lo menos en catalán. En la sesión de apertura del XII Congreso del PP de Cataluña, a principios de julio, Javier Arenas aseveró con la mayor naturalidad que "si en tiempos era un disparate perseguir el catalán, ahora es una barbaridad perseguir el castellano", y María Dolores de Cospedal prometió: "nos partiremos la cara por el castellano"... Hace apenas un par de semanas, el imaginativo concejal Xavier García-Albiol decía (El Mundo, 17 de diciembre) que la Generalitat "actúa como una policía secreta que persigue a los que quieren expresarse en castellano", y comparaba tal situación con la de "los judíos cuando eran denunciados a las autoridades nazis".
Frente a este alarde hiperbólico, las contribuciones a la causa de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (C-PC) y de Unión, Progreso y Democracia UPD empalidecen, pero no deben ser desdeñadas: recuérdese la manifestación convocada en Barcelona el 28 de septiembre contra -nada menos- "la imposición lingüística que padecemos" y el "totalitarismo lingüístico de la Generalitat".
Y bien, el azar ha querido que, antes de finalizar este 2008 aparentemente tan nefasto para la libertad de lenguas en Cataluña, el pasado día 11 se hiciera público el informe con que, por encargo del Consejo de Europa, un comité de expertos debía evaluar la aplicación en España de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. Dicho documento -de 151 páginas de extensión, y disponible en Internet en su versión original inglesa- asegura que, para cumplir los términos de aquella Carta Europea y garantizar el futuro de las lenguas distintas del castellano, las comunidades autónomas oficialmente bilingües deberían aplicar la "plena inmersión" escolar en la lengua autóctona. Es decir, que el catalán, el euskera y el gallego tendrían que ser utilizados como lengua vehicular de la enseñanza obligatoria en sus áreas lingüísticas respectivas. O sea, el modelo que se viene aplicando desde hace lustros en Cataluña, pese a haber sido comparado con el apartheid sudafricano y con los lager nazis. Por lo demás, los expertos se muestran decepcionados ante la situación del catalán / valenciano en las Baleares y en la Comunidad Valenciana, critican los persistentes obstáculos al uso de las lenguas cooficiales en el ámbito judicial o ante la Administración central, y constatan una evidencia: "la población mayoritaria castellanohablante es poco consciente de que España es un país multilingüe".
Por supuesto, el informe del comité de expertos es -como cualquier obra humana- discutible. En todo caso, constituye un trabajo minucioso y documentado, ha sido asumido por el Comité de Ministros del Consejo de Europa y multiplica por un millón el promedio de rigor y de enjundia de las columnas con que los oráculos de la derecha mediática española sientan doctrina todos los días. Sin embargo, esos sectores a los que el texto fechado en Estrasburgo desmiente y desautoriza han reaccionado con una desoladora falta de fair play. Tras calificar las conclusiones del documento como "las recomendaciones de los extranjeros", Abc sentenció: "el informe asume los planteamientos que esgrimen los nacionalistas", con lo cual queda descalificado. La Razón, por su parte, titulaba "Ridículo informe del Consejo de Europa sobre las lenguas" antes de explicar que algunas de sus sugerencias "inducen a la carcajada, cuando no a la indignación, por su necedad y su falta de sentido común".
A ver si lo voy entendiendo. Cuando un medio de comunicación internacional -verbigracia The Economist hace unas pocas semanas- se ocupa de la situación española, y su reportero critica la política lingüística o cultural de la Generalitat catalana, esas críticas se convierten en argumentos de autoridad contra dicha política, y como tales son objeto de glosas, exégesis y hasta preguntas parlamentarias. En cambio, cuando un organismo consultivo internacional del que forman parte 47 Estados -el Consejo de Europa- emite un documento oficial que avala aquella política lingüística e incluso la pone como modelo, entonces ese aval merece los epítetos de ridículo, necio e insensato, constituye una ingerencia "extranjera" o es objeto de un espeso pacto de silencio. ¡Y que vivan la honestidad intelectual y la deontología periodística...!
Joan B. Culla i Clarà es historiador.
