Los ayuntamientos tendrán 11 millones para colocar a parados

El paro empieza a preocupar a la Administración a todos los niveles. También a la local, que es la más próxima al ciudadano. Los ayuntamientos y las diputaciones catalanas cuentan desde ayer con 11 millones de euros para fomentar en tres años el empleo entre 4.200 parados en riesgo de exclusión social, como mayores de 45 años, mujeres, discapacitados o ex toxicómanos.

Es la adjudicación que ha llevado a cabo el Ministerio de Administraciones Públicas de parte de las ayudas del Fondo Social Europeo (FSE), lo que comunicó ayer el delegado del Gobierno en Cataluña, Joan Rangel.

Los 11 millones de euros se destinarán a financiar 14 proyectos (se presentaron 22) de corporaciones locales dirigidos a crear puestos de trabajo en los servicios de atención a las personas con necesidades especiales. Es uno de los grandes filones de empleo, debido al despliegue de la Ley de Dependencia, y candidato a absorber la inevitable destrucción de empleo en la construcción y las inmobiliarias.

El Gobierno ha adjudicado a la Diputación de Barcelona seis de los 11 millones, a los que podrán acceder los municipios medianos y pequeños (sólo los de más de 50.000 habitantes pueden solicitar ayudas directamente). La provincia de Lleida cuenta con dos proyectos seleccionados; Tarragona, con uno, del Ayuntamento de Reus, y Girona, con ninguno. Los 11 proyectos restantes corresponden a Badalona, Barcelona, L'Hospitalet, Manresa, Mataró, Mollet del Vallès, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa, Vilanova i la Geltrú y la Diputación.

Estas actuaciones no están coordinadas con el Departamento de Trabajo de la Generalitat, competente en las políticas activas de empleo, que anualmente destina alrededor de 400 millones procedentes del FSE y del Ministerio de Trabajo. Una parte, 76 millones, se destinará también a fomentar los sectores emergentes.