Los barracones escolares enfrentan a Mas y Montilla
Gobierno y oposición discrepan sobre las ayudas a los dependientes
Los barracones escolares dan mucho de sí a la oposición para desgastar al Gobierno. Se pudo ver y oír ayer en el Parlament en pleno duelo entre el presidente, José Montilla, y el líder de CiU, Artur Mas. Durante los gobiernos de CiU subió el número de barracones y la oposición cargó sin piedad por ello. CiU devuelve ahora los ataques cuando los edificios provisionales crecen de forma similar.
Este curso escolar arrancó con 940 barracones, según el Departamento de Educación; según CiU, con 1.000. De ellos, 788 son aulas y 152 son comedores, gimnasios y salas polivalentes. Cuando CiU dejo el Gobierno había 527; ahora, el 78% más.
El número de alumnos inmigrantes se ha disparado: de 74.000 cuando CiU dejó el Gobierno ha pasado a 148.000; es decir, el doble. Ello ha contribuido al aumento de la población escolar: el 15%, hasta rozar los 1,2 millones de alumnos. El número de barracones, por tanto, ha crecido más que la población escolar total, pero menos que el de alumnos inmigrantes.
Montilla señaló que, con 34.000 alumnos más este curso, los barracones que con CiU "tenían una duración de más de cuatro años" tienen ahora "menos de dos". Y el Gobierno catalán dio otro dato: el gasto educativo total por alumno se ha incrementado más del 50% desde 2003, último año de CiU en el Gobierno.
Una ley sin medios
Mas replicó que hay el doble de barracones que en 2003 y que fue a un Gobierno de CiU al que le tocó aplicar la LOGSE, que alargó la edad de escolarización obligatoria de los 14 a los 16 años. "Miles y miles de alumnos entraron de golpe en el sistema. No pueden presumir de buena gestión si resulta que empiezan el curso con 1.000 barracones", remachó Mas.
El líder de CiU también se encaró con el Gobierno al evaluar la aplicación de la Ley de Dependencia, una norma estatal que Mas tachó de "desastre" porque no se cumple. Montilla se defendió destacando que "más de 27.000 personas" ya reciben ayudas. Ambos políticos arañaron en la superficie del problema para extraer una lectura favorable de esta situación.
En realidad, ahora son 29.000 los beneficiarios de la ley. Su aplicación puede considerarse frustrante o satisfactoria, según se mire. La Generalitat ha progresado de forma notable: en diciembre de 2007 los beneficiarios eran 150. El pasado mayo, 16.000. El crecimiento se ha hecho pese a que el Gobierno central implantó la norma sin procurar medios suficientes para cumplirla.
Los expertos señalan Cataluña como una de las comunidades que menos incumple la ley. Pero la ley no se cumple, pues si bien hay 42.000 receptores del algún tipo de ayuda o pensión, quedan 40.000 personas en lista de espera. Y ello a pesar de que ha expirado el plazo fijado por la propia Administración.
