Las cajas prestan sólo 10 millones de los 12.000 prometidos para VPO

Papel mojado. Así es como definieron ayer varios de los asistentes a una reunión sectorial sobre vivienda el convenio que en julio de 2008 sellaron la Generalitat y las cajas de ahorros catalanas. Las entidades de crédito se comprometían con este acuerdo a dar 12.000 millones de euros en tres años que iban a beneficiar a 150.000 familias que debían rehabilitar su piso o comprar una vivienda protegida. Casi dos años después, el balance es demoledor. Según la Federación de Catalana de Cajas de Ahorros, bajo el paraguas de este convenio sólo se han financiado 136 compras que ascienden a 10,04 millones de euros.

Los agentes sociales y económicos firmantes del Pacto por la Vivienda se reunieron ayer por octava vez con el Ejecutivo catalán para evaluar el cumplimiento del acuerdo. El consejero de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar, pudo sacar pecho: ha cumplido el 70,6% de las 180 medidas del pacto, que vence en 2016.

Las cajas no pudieron ser tan convincentes, puesto desde julio de 2008 han prestado sólo 10,04 millones con las condiciones del convenio autonómico y 12,8 millones desde enero de 2009 con las que fija el plan estatal. Promotores públicos, sindicatos y ayuntamientos se quejaron de que el grifo siga cerrado para la vivienda pública. Fuentes de Vivienda confirmaron que las cajas se comprometieron a dar 12.000 millones, pero lamentaron que no puedan hacer nada para obligarlas a cumplir.Según explicaron varios asistentes, muchos de los firmantes del pacto no daban crédito al balance de dos folios que presentaron las cajas. En el primero, las cajas daban cuenta de los préstamos que concedieron en el marco de los convenios firmados con el Ministerio de Vivienda. Ese cuadro sumaba 442,4 millones de euros, pero repartidos de forma desigual: 430 millones para los promotores públicos y 22,4 para los compradores de pisos. Fuentes del sector matizaron, no obstante, que en ese cuadro no quedan claras las subrogaciones de las hipotecas del promotor.

Sin embargo, el segundo folio del balance que presentó la Federación Catalana de Cajas de Ahorros resultó demoledor. Las cajas se comprometieron en junio de 2008 a financiar la compra de vivienda pública y concertada, la rehabilitación de pisos y las reformas de pisos vacíos que la Administración pensaba alquilar. Comprometieron 12.000 millones en un pacto al que luego se unieron también dos cajas de otras comunidades (Caja Madrid e Ibercaja) y seis bancos (Sabadell, Popular, Santander, BBVA, Banesto y Bankpime). Estos, sin embargo, no rindieron cuentas porque no están dentro del Pacto por la Vivienda.

Un año y nueve meses después, pasado el ecuador de la vigencia del acuerdo, las entidades financieras han prestado con las condiciones de ese acuerdo la compra de 23 viviendas protegidas, 54 pisos concertados, 59 rehabilitaciones y ninguna reforma para pisos que la Generalitat quería sacar al mercado de alquiler (véase el cuadro adjunto). Fuentes financieras explicaron que los compradores prefieren ahora las condiciones de los convenios estatales, que prevén un Euríbor y un diferencial del 0,65, cuando el catalán establece un tipo fijo superior al 4%. Y además, recordaron que los problemas de entonces de la banca eran mucho menores que los que tuvo el año pasado.

Sin embargo, los sindicatos no lo ven así. La secretaria de Política Institucional de UGT de Cataluña, Neus Munté, reclamó en el pleno de ayer la convocatoria de una sesión monográfica sobre la financiación de la vivienda pública. "No avanzamos. Y ahora, además, debemos priorizar algunas medidas del pacto sobre otras, las que son más urgentes para atender las necesidades de las familias", aseguró.

El secretario de Políticas de Vivienda de CC OO, Xavier Becerra, pidió en la reunión que la Generalitat firme un convenio con las cajas para que a las familias que no pueden pagar su piso les baste con devolverlo para cancelar su préstamo. Y demandaron, además, que quien se halle en esta situación pueda pasar a ocuparlo pagando un alquiler.

El crédito ayer llegó, en cambio, del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que ha concedido al Gobierno catalán un préstamo por 125 millones para crear vivienda pública de alquiler. Se trata, según el consejero Francesc Baltasar, del primer préstamo que el BEI da en el continente para la promoción de pisos. Además, Baltasar afirmó que ha cumplido el 70,6% de los objetivos del pacto. Sólo en suelo para vivienda social, el Ejecutivo ya tiene el 87,5% de lo previsto para 2016.