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Columna
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El choque del catalanismo con la realidad

Enric Company

La sentencia sobre el Estatuto de Cataluña dictada hace un año por el Tribunal Constitucional ha sido calificada repetidamente desde entonces como una gran productora de independentistas. Tanto los sondeos de opinión como las elecciones celebradas durante este año indican un auge del independentismo en este periodo. Pero la verdad completa es que el partido promotor del desguace de la reforma estatutaria, el PP, mantuvo sus posiciones en las elecciones autonómicas y las ha mejorado en las municipales.

Entonces, ¿qué ha pasado? Ahora se ve con mayor claridad que los promotores del nuevo Estatuto calcularon mal. Evaluaron mal, desde el principio, la relación de fuerzas entre los partidarios de dar un paso adelante en el autogobierno y los partidarios de, cuando más, dejarlo como estaba. Fue un clamoroso fallo en la dirección política de aquel proceso. Un fallo del Gobierno catalán del momento, en primer lugar, y, después, de los partidos catalanistas que redactaron el proyecto en el Parlament. El resultado fue un fracaso expresado por una sentencia que, dada la composición del Tribunal Constitucional, tenía que ser forzosamente fatídica para el proyecto.

Los promotores del nuevo Estatuto evaluaron mal el peso del centralismo en los aparatos del Estado

En su momento, durante la tramitación del Estatuto, el PP lo había advertido: No se puede hacer un Estatuto de Cataluña sin el PP, decían. El error fue confundir la amenaza con una mera advertencia. No se atreverán, pensaron los líderes de los partidos catalanistas. Vaya si se atrevieron. Se atrevieron tanto que la campaña del PP contra el nuevo Estatuto catalán marcó en realidad el momento en que la derecha comenzó a recuperar posiciones respecto al PSOE en toda España. El error fue pensar que el PP amenazaba sin haber contado antes los votos favorables a sus posiciones anti-Estatuto con que podía confiar en el Tribunal Constitucional. El error fue pensar que el PP no se atrevería a congelar sine die la preceptiva renovación parcial del Tribunal. Si esta si se hubiera llevado a cabo conforme a las previsiones legales verosímilmente se habría modificado una relación de fuerzas contraria al Estatuto.

Como que la representación del PP en el Parlamento catalán era entonces del 12%, los partidarios de la reforma estatutaria creyeron que les bastaba con el otro 85%. Resultó que no. Resultó que lo que en España cuenta a los efectos de qué puede tener Cataluña en materia de autogobierno no es el voto favorable de la mayoría absoluta del Parlament y las Cortes. Ni un referéndum en Cataluña. La sentencia que redujo a cero la reforma del Estatuto ha demostrado crudamente una de las condiciones subyacentes a la Transición a la democracia: tanto o más que la representación política, lo que cuenta en esta España es al final de todo el control ideológico de las instituciones centrales del Estado. Que, huelga decirlo, son entre otras cosas una destilación de por lo menos un par de siglos de centralismo y conservadurismo. Y de la que en la actualidad el PP es la más fiel emanación partidista. No es que sea una sorpresa, aunque comprobarlo una vez más ha resultado duro para los catalanistas. Exponentes significativos de la judicatura, las fuerzas armadas, las patronales, los sindicatos, la Iglesia católica, etcétera, se habían pronunciado en cascada contra el Estatuto en la segunda mitad de 2006, cuando culminaba su tramitación en las Cortes. La posterior sentencia no hizo más que concordar con aquellos pronunciamientos, atenderlos.

Una de las víctimas de aquel duro choque del catalanismo con la realidad de la España actual ha sido un axioma que había funcionado durante casi todo el siglo XX. El aliado del catalanismo para conseguir sus objetivos en España es el progresismo español. Cabe pensar que así sigue siendo si se leen los discursos pronunciados en las Cortes durante la tramitación del Estatuto por Gaspar Llamazares en nombre de Izquierda Unida y por Alfredo Pérez Rubalcaba en nombre del PSOE. Pero el resultado final del proceso indica que esa alianza no es suficiente. Que lo que cuenta es la sentencia de un tribunal apabullantemente centralista. Y que, además, por lo visto desde entonces, en Cataluña hay, como mínimo, un 15% del electorado, que es lo que suman PP y Ciutadans, al que esto le parece bien.

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