El concejal que inspeccionaba barcos
En vísperas de las elecciones municipales conviene hacer algunas reflexiones sobre el caso del ex concejal de Urbanismo de Banyoles, Josep Alsina, condenado recientemente a dos años y medio de cárcel por el naufragio de un barco turístico en el lago gerundés, que causó la muerte a 21 turistas franceses.
Todo el pueblo de Banyoles ha expresado su indignación ante un suceso tan desgraciado, al igual que las entidades municipalistas catalanas y españolas. Es difícil de entender por qué un concejal debería pagar con la cárcel el hecho de que el barco incumpliera ciertos requisitos técnicos o administrativos. No elegimos representantes políticos municipales para que supervisen barcos; los elegimos para que definan los objetivos políticos, para que establezcan las prioridades, para que tomen decisiones; los elegimos, en el caso de Banyoles, para que hagan del lago una seña de identidad del municipio.
Así debería ser, pero la realidad es bien distinta. En nuestro país se ha ido consolidando en casi todos los municipios la percepción de que el cargo de concejal no es un cargo político, sino una autorización para ejercer el mando del personal municipal y para desempeñar funciones técnicas y administrativas sin más título que los votos de los ciudadanos. Muchos llegan a concejales motivados por la emocionante oportunidad de mandar brigadas municipales, cuerpos de policía y negociados administrativos. Muchos sueñan en las inquietas noches preelectorales con el día venturoso en el que podrán firmar y firmar documentos que cambien históricamente el destino local.
Muchos llegan a sus responsabilidades hambrientos de mando y de firma, y en su inicial entusiasmo desbancan a los funcionarios de la titularidad de todas las firmas posibles. La nula resistencia, la poco disimulada satisfacción de los funcionarios tan severamente desposeídos debería hacerles sospechar. Pero no sospechan, ni nadie les advierte de las graves consecuencias de su infantil ambición. Nadie les explica que firmar documentos en una Administración pública puede producir al ansioso firmante muy serias responsabilidades administrativas y penales. Nadie les explica tampoco, y es todavía más importante, que firmar no significa mandar, sino que, al contrario, cuantos más documentos se firman, menos tiempo queda para ejercer la dirección política. Cuanto más se firma menos se gobierna.
El concejal que va a firmar a última hora de la mañana es una figura habitual en nuestros ayuntamientos. Cuando llega, el funcionario de turno le tiene preparado un buen número de expedientes que él firma sin haber examinado su contenido, ni sus motivaciones, ni su trascendencia. Tal vez piensa que firmando ha cumplido con la confianza que depositó en él la ciudadanía. Pero ignora que cuando los funcionarios no firman, y el concejal firma sin leer, se producen todos los requisitos para adquirir responsabilidades políticas, administrativas e incluso penales sin comerlo ni beberlo.
Un concejal, como un alcalde, sólo debe firmar las decisiones políticas, aquellas que exigen la elección entre varias posibilidades; cuando la decisión es reglada, debe firmar un funcionario. Cuando la cuestión es técnica, debe firmar un funcionario. Cuando la cuestión es jurídica, debe firmar un funcionario. Estas sencillas advertencias no las reciben los concejales al principio de su mandato; reparan en su importancia cuando cometen errores o, más dramáticamente, cuando el juez los condena, como el concejal de Banyoles.
El concejal de Banyoles es inocente pero el juez tiene razón al condenarlo. Quienes tienen la culpa son quienes no se preocupan por instruirlo, quienes sólo le pintan un panorama halagüeño despreocupándose luego de su suerte.
La responsabilidad debería recaer en las instituciones responsables de la formación de los políticos locales: las diputaciones, los partidos, las federaciones de municipios. Muchas de estas instituciones, y mucha gente, piensan que no hay que formar a los nuevos concejales. Se piensa tal vez que los votos dan la sabiduría. Pero no.
Los concejales y alcaldes deben aprender a gobernar, porque lo que no se aprende no se sabe. Hay quien intenta enseñar, y organiza cursillos de unas pocas horas intentando que los alcaldes y concejales aprendan en un ratito lo que los funcionarios tardan muchos años en aprender. Tampoco es esto. Instruir a un político no significa capacitarlo para que ejerza de técnico. Enseñar a un político local su función es enseñarle a gobernar. La democracia es un régimen donde gente no experta dirige políticamente a gente experta.
Manuel Zafra es profesor de Ciencia Política de la Universidad de Granada y Albert Calderó, abogado y consultor de Estrategia.
