La crisis deja a un tercio de los solicitantes sin ayuda al alquiler
Rafael Ribó, síndic de Greuges, entregó ayer su informe anual al Parlament con una seria advertencia a las instituciones: los recortes presupuestarios motivados por la crisis no deben repercutir en los servicios sociales, una pauta que se repitió en 2009, según la memoria. Uno de los ámbitos más afectados son las ayudas al alquiler, en especial las destinadas a personas con ingresos reducidos. Según el síndic, de las 32.419 solicitudes que recibió la Generalitat, 9.482, el 29,2%, no recibieron ayudas pese a que cumplían todos los requisitos. ¿El motivo? "Faltaba presupuesto", sentenció Ribó, que agregó: "Las restricciones presupuestarias están afectando a servicios y prestaciones en ámbitos especialmente sensibles".
La Generalitat dedicó en 2009 58,7 millones de euros al programa de ayudas al alquiler, el 51,5% más que en 2008, según los datos de la Secretaría de Vivienda. El de urbanismo y vivienda fue el apartado que más quejas generó a la oficina del Síndic de Greuges, con 1.068 reclamaciones. Las ayudas para al alquiler de jóvenes también tuvieron problemas, por retraso en el pago de los subsidios.
El Síndic de Greuges resalta en su informe anual los recortes que han sufrido algunos servicios sociales por el bajón económico, algo que disgusta a Ribó: "El impacto de la crisis ha obligado a cerrar el grifo del dinero público, pero eso no debe afectar al núcleo duro de las medidas contra la exclusión social y en pro de la igualdad de oportunidades", valoró.
Ribó focalizó su queja en casos concretos: la falta de docentes en la educación, que también; la disminución de ayudas para discapacitados, donde se han eliminado partidas para ayudar con tratamientos de rehabilitación del lenguaje, fisioterapia y psicomotricidad, y la debilidad de los subsidios para las familias que acogen menores en riesgo de exclusión social, siete veces menos cuantiosos que los destinados a centros de acogida. El informe incide, además, en el retraso en la aplicación de la Ley de Dependencia.
El Síndic estudió el año pasado 24.690 casos, el 5,4% más que en 2008, entre reclamaciones, consultas y expedientes de oficio. De todo, Ribó destacó una queja que lo dejó "escandalizado": el caso de una aspirante a maestra que no pudo presentarse a unas oposiciones por estar de parto el día del examen. Perdió la plaza porque la Generalitat le denegó la posibilidad de posponer la prueba.
