La defensora del pueblo cree inútil que los inmigrantes hablen catalán

La defensora del pueblo, María Luisa Cava, desató ayer una ola de indignación en el Gobierno catalán, en partidos políticos y entidades sociales al sostener que no es necesario que los inmigrantes que viven en Cataluña hablen catalán. "Los extranjeros se integran perfectamente en lengua castellana, por lo que no es necesario que hablen catalán", dijo Cava, que sustituye de forma provisional desde el 1 de julio a Enrique Múgica en el cargo.

En declaraciones a la SER, Cava argumentó así el recurso que ha promovido ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Acogida de Inmigrantes, aprobada en el Parlament en abril y que da prioridad al catalán como lengua de uso preferente para la integración de los extranjeros.

Adjunta durante cinco años a Múgica y militante del Partido Popular, Cava sostuvo que esa situación no implica que el catalán "sea una lengua de segunda" ni tampoco "ir contra Cataluña". "Quiero a Cataluña con locura. Tengo casa y muchos familiares enterrados allí", se justificó la defensora, que dijo que se vio obligada el viernes a presentar el recurso en "coherencia" con la sentencia del Estatuto del Tribunal Constitucional, que estableció que el catalán no es un idioma preferente.Varios consejeros del gabinete de José Montilla expresaron su indignación ante la decisión de Cava. De hecho, llueve ya sobre mojado porque las relaciones entre el Gobierno catalán y el Defensor del Pueblo no son, precisamente, buenas. Esa institución fue una de las primeras que presentó un recurso contra el Estatuto en 2006 al entender que los artículos que hacían referencia al Síndic de Greuges invadían sus competencias.

Joaquim Nadal, consejero de Política Territorial y Obras Públicas, recordó que Cava ocupa el cargo de forma provisional y cuestionó su autoridad moral para tratar un asunto tan "capital" y "esencial" como el de la integración de los inmigrantes. Nadal acusó a la defensora de actuar de forma "precipitada" y pidió a su sucesor que revise su decisión. "Si el Constitucional falla no servirá de nada", afirmó Nadal. "Se demostrará una vez más que este organismo mermado es capaz de manifestarse contra la voluntad de Cataluña y sus instituciones".

Muy enojado, Joan Huguet, consejero de Innovación, Universidades y Empresa, calificó anteayer de "falangista" a Múgica y vio su mano en la presentación del recurso. El consejero republicano se mostró a favor de que el Gobierno catalán ampare la "insumisión jurídica". "Las personas y los derechos humanos están por encima de las leyes y si éstas son injustas, se incumplen", dijo. La plataforma en defensa de la lengua recogió el guante: juzgó el recurso como una "intromisión a la voluntad del pueblo catalán" y pidió a las instituciones que "la apliquen con toda normalidad". "El recurso demuestra que Cataluña está bajo vigilancia", abundó Joan Puigcercós, presidente de ERC.

La republicana Carme Capdevila, consejera de Acción Social y Ciudadanía, defendió la ley porque, entre otras cosas, cuando un inmigrante empieza primero a estudiar catalán, acaba hablando castellano, situación que no siempre se produce cuando el orden se invierte, a su juicio. CC OO defendió la norma al señalar que el acceso a aprender catalán promueve la autonomía personal y garantiza la igualdad de oportunidades.

Joan Herrera, candidato ecosocialista, invitó a todos los partidos catalanes a hacer un frente común en el Congreso para rechazar el nombramiento de un Defensor que no tenga "una mínima sensibilidad catalanista". "La Ley de Acogida es una norma claramente positiva para la integración de los recién llegados a Cataluña. Hemos sufrido durante 10 años a Enrique Múgica y ahora estamos sufriendo a su sustituta", dijo. Herrera lamentó que el Gobierno de Rodríguez Zapatero esté de "brazos cruzados" ante la "degradación" de instituciones como el Alto Tribunal y la del Defensor del Pueblo y lamentó que esta ha actuado durante estos años bajo los dictados del PP.

"Es una acusación absurda y perversa, una interpretación maléfica", afirmó Cava, que negó que su militancia tenga nada que ver con su decisión. El PP y Ciutadans votaron contra la Ley de Acogida.