Los desalojos se triplican
El ritmo de actuaciones policiales se acelera, mientras que la mayoría de ocupaciones las realizan personas ajenas al colectivo 'okupa'
Por cada desalojo, una nueva ocupación. Aunque combativo y desafiante, el lema del colectivo okupa cada vez resulta más difícil de cumplir. Porque el ritmo con el que los jueces ordenan -y los policías ejecutan- los desalojos de inmuebles se acelera. De acuerdo con los datos de los Mossos d'Esquadra, en 2006 se efectuaron alrededor de 150 desalojos solamente en la ciudad de Barcelona. La cifra triplica la registrada el año anterior, cuando el Cuerpo Nacional de Policía -que mantuvo las competencias en materia de seguridad pública en Barcelona hasta octubre de 2005- realizó unas 40 intervenciones de este tipo.
El sprint sigue en el inicio de 2007. En enero, la policía autonómica ha efectuado 21 desalojos, según dio a conocer hace unos días el concejal de Seguridad del consistorio, Ferran Julián. El bombardeo de desalojos ha encendido las alertas incluso en el movimiento okupa, que el pasado viernes convocó una manifestación en Gràcia bajo esta advertencia: "Corren tiempos difíciles para la okupación".
No es para tanto. Barcelona sigue siendo, junto a Amsterdam y Milán, una de las capitales europeas del fenómeno squatter. Los Mossos tienen censadas más de 300 casas usurpadas a sus propietarios; 400 si se suman las del área metropolitana. Lo que sí se está produciendo es un cambio en el perfil del ocupante. "Los okupas al uso sólo efectúan una pequeña parte de las ocupaciones", admite el coordinador de seguridad de los Mossos d'Esquadra en Barcelona, Josep Saumell.
Hasta hace unos años, este tipo de acciones eran patrimonio casi exclusivo del movimiento okupa, integrado por jóvenes antisistema. Su motivación es ideológica: entran en pisos vacíos para que sus reivindicaciones tengan eco. Y se hacen notar: por lo general, colocan una bandera en la fachada del edificio ocupado con una flecha y un círculo, símbolos del colectivo.
Pero hoy, la mayoría de personas que deciden entrar en un piso sin consentimiento del propietario no lo hacen por razones políticas, sino por imperiosa necesidad. No reivindican su acción. Al contrario, procuran permanecer en la clandestinidad y sin llamar la atención de los vecinos. Pueden ser individuos solos o familias enteras. La llegada de cientos de inmigrantes en situación irregular, junto al vertiginoso aumento del precio de la vivienda -en Barcelona, de más del 100% en cinco años en los pisos de segunda mano- ayudan a entender por qué proliferan este tipo de nuevos ocupantes -con c, y no con k-. La mayoría de desalojos de este tipo de fincas se resuelven sin incidentes, apunta Saumell.
Un ejemplo del "ocupante por necesidad" es David Salvat, de 33 años. El pasado 19 de enero se instaló de forma ilegal en un piso de Montgat, junto a su esposa y el hijo común, de 10 años. "Me veía en la calle con mi familia. Pero yo no sé nada de leyes y no quiero dar problemas", justifica David, quien asegura, además, que unos albañiles han tapiado la entrada de otros tres pisos del mismo inmueble para evitar que sean ocupados.
Los inmigrantes sin papeles también se han sumado de forma notable a la ocupación. Aunque tengan ingresos, su situación irregular les impide a menudo acceder a una vivienda de alquiler. Eso les lleva a instalarse en casi cualquier sitio. Inmerso en una gran transformación urbanística, el barrio de Poblenou es un lugar propicio para ello. En una antigua fábrica de la calle de Pallars vivían hasta hace poco una treintena de inmigrantes subsaharianos y argelinos. Sin luz ni agua y en pésimas condiciones de seguridad.
En la misma finca se había instalado un grupo de antisistema, en su mayoría franceses. Se ayudaban mutuamente. Esta fórmula mixta (okupas conviviendo con ocupas) es cada vez más habitual en Barcelona. Un ejemplo es una casa del barrio de Hostafrancs en la que coexistían un grupo de inmigrantes -en su mayoría familias rumanas- y una docena de okupas. Otro: en el antiguo recinto industrial de Can Fabra, en Sant Andreu, se habían instalado familias rumanas y magrebíes. Junto a ellas, jóvenes de estética punk. En total, 69 personas (20 menores de edad) que fueron desalojadas recientemente por los Mossos d'Esquadra. En ese lugar se construirán zonas verdes y equipamientos.
