Los despidos colectivos pierden gas
Hasta noviembre, los ERE afectaron a 55.000 personas, el 56% menos que en 2009
A Valentí Vila, de 52 años, le asaltaron todos los temores el día en que la compañía Iberpotash anunció un expediente de regulación de empleo (ERE) para casi la totalidad de sus trabajadores de las minas de potasa de Súria y Sallent. A finales de 2009 la empresa optó por suspender de empleo a 790 trabajadores durante seis meses por la caída de ventas de potasa, de la que se extraen productos fertilizantes. "Nos aseguraron que era un paro temporal, pero en momentos de crisis nunca sabes qué puede pasar y muchos trabajadores temieron lo peor", explica Vila, que lleva 21 años trabajando en el área de fabricación de la mina de Súria. La angustia se desvaneció pronto: tres meses y medio antes de lo previsto regresaban a sus puestos de trabajo, ya que Iberpotash levantaba el ERE al haber recuperado sus ventas en los mercados extranjeros.
Los sindicatos atribuyen la caída a que se tocó fondo en el año 2009
Menos del 20% de los expedientes fueron de extinción total de empleo
Desde el pasado mes de septiembre, Vila y sus compañeros de las plantas de Súria y Sallent vuelven a trabajar, de manera que han dejado de formar parte de la lista de empleados afectados por expedientes en Cataluña, que después de alcanzar cifras récord en los últimos dos años, disminuyó en 2010. Entre enero y noviembre del año pasado, 54.500 trabajadores sufrieron un ERE, el 56% menos que en los 11 primeros meses de 2009, cuando había casi 124.000 empleados afectados. Los 2.780 ERE presentados por las empresas catalanas hasta noviembre de 2010 representan una reducción del 21,4% respecto al mismo periodo del año anterior.
Menos de un 20% de estos expedientes son de extinción total del puesto de trabajo. La mayoría de las empresas que han presentado regulaciones colectivas han optado por los expedientes temporales, que se basan en reducir horas de trabajo o suspender empleos temporalmente. Se usa, por ejemplo, para sortear situaciones como una drástica caída de ventas, con la esperanza de que los trabajadores puedan regresar cuando pase el mal momento.
La esperanza es a veces vana. Lo saben los trabajadores de la planta de la multinacional alemana Basf Construction Chemicals de Palau-solità i Plegamans. Hace un año, la empresa, dedicada a productos químicos para la construcción, presentó un ERE que dejó en la calle a 36 trabajadores. La plantilla confiaba en que la medida le pemitiría recortar costes y garantizar la continuidad de la fábrica, pero hace unas semanas se anunció el cierre definitivo de la planta, lo que dejó sin aliento a los trabajadores. "El problema es que la mala noticia llega cuando todavía sufro las consecuencias del ERE del año pasado, que dejó en la calle a mi ex mujer. Ahora tengo una hipoteca por pagar y una hija por mantener, y no me puedo permitir quedarme sin empleo", dice Juan Luis Romero, de 40 años. La empresa ha anunciado que de los 99 empleados, 42 serán despedidos y el resto serán reubicados en sus plantas de L'Hospitalet o del centro de España.
No menos desesperanzados están los trabajadores de Indo. La empresa óptica, en concurso de acreedores, tiene sobre la mesa un ERE que afectará a casi 300 trabajadores. El objetivo del recorte es, según la compañía, asegurar su viabilidad, pero los emplados tienen razones para dudar de ello. "En los últimos años han aplicado un ERE tras otro y siempre nos han dicho que era el último, pero la realidad nos ha ido demostrando lo contrario", asegura Blas Sánchez. De más de un millar de trabajadores que tenía el grupo en España, quedarán 400 tras el nuevo ERE.
Los sindicatos CC OO y UGT valoran con prudencia y muchas puntualizaciones el descenso del número de ERE y de trabajadores afectados registrado en el último año. Ambas organizaciones sostienen que la caída se debe a que "ya se ha tocado fondo" tras el acusado repunte de los dos años anteriores. "Se ha llegado a una situación en la que casi ya no quedan puestos de trabajo por destruir", sentencia Noel Climent, coordinador de política sectorial de CC OO. Camil Ros, secretario de política sindical de UGT, agrega que a partir de septiembre la destrucción de empleos ha repuntado. "En los últimos días hemos visto que varias grandes empresas farmacéuticas han anunciado ajustes de plantilla o cierres porque la ley lo permite si alegan que no van a ganar tanto dinero como antes", denuncia Ros. Los sindicatos coinciden en que la reforma laboral "no está generando más empleo y de más calidad como había prometido el Gobierno".
