La dificultad de tirar abajo las casas ilegales

España está plagada de viviendas ilegales que siguen en pie. ¿Cuántas? "No se puede calcular. No hay estadísticas judiciales", lamenta Gemma Geis, 29 años, profesora de Derecho de la Universidad de Girona. La única cifra que cita en su tesis doctoral La ejecución de sentencias urbanísticas (editorial Atelier) son las 100.000 viviendas de las que habla el fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antonio Vercher. "Pero son muchas más", asegura.

Geis es taxativa: "Si una vivienda es ilegal, hay que derruirla". En la actualidad, no es suficiente con un fallo judicial. Para demoler una edificación, el demandante tiene que pedir que se ejecute la sentencia, pero muchas veces se pacta para evitar el derribo. Además, hay dos imposibilidades, la legal y la material, que la Administración puede aducir para no hacerlo. La tesis de Geis, pionera en España, propone una reforma legal que restrinja estos dos principios.

La imposibilidad material esgrime motivos técnicos, económicos o de terceros en juego para no echar abajo lo construido. Geis aboga por eliminar esta imposibilidad. "Que la Administración pida créditos, que se embargue para hacerlo", dice. Y propone que las comunidades autónomas se hagan "corresponsales" y que colaboren porque también participan en los procesos urbanísticos.

La imposibilidad legal se aduce cuando ha habido un cambio a posterior de las normas urbanísticas que favorece la construcción ilegal. En este caso, la profesora pide que se limite el principio y que la Administración tenga que justificar por qué ha intervenido.