El diputado del PP Rafael Luna declarará por el caso de Gràcia

La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona llamará a declarar en calidad de testigo al ex secretario general del Partido Popular (PP) y miembro de la mesa del Parlament, Rafael Luna, en el caso de la presunta extorsión a una comerciante de Gràcia por parte de dos militantes de ese partido.

La juez ha imputado al consejero del PP del distrito de Gràcia, Alberto Belón, y al concejal de Vallirana Antonio Penalba por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación, por exigir suspuestamente a la propietaria de un bar el pago de 18.000 euros -de los que abonó 6.000- para agilizar los trámites de la licencia de apertura.

En la querella, la propietaria sostiene que se entrevistó con Rafael Luna en su despacho del Parlament para denunciar la presunta actuación de los dos militantes populares, un hecho que el propio dirigente del PP admite.La declaración de Luna en calidad de testigo se realizará por escrito, según explicaron fuentes judiciales. La magistrada que instruye el caso asegura en el auto de la admisión de la querella que la fecha de la declaración se fijará "una vez personados los querellados", para que éstos y la querellante puedan presentar las preguntas que desean realizar a Luna.

En la querella se señala que Rafael Luna aconsejó a la dueña del Store Café que si consideraba que alguno de los hechos relatados podían constituir delito que lo denunciara a la justicia. Fuentes oficiales del PP confirmaron a este periódico no sólo la existencia de la reunión, sino también el contenido. La denunciante añade, además, que durante la citada reunión, Luna llamó por teléfono al concejal Antonio Penalba y después recibió otra llamada de Alberto Fernández Díaz, presidente del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona. Uno de los imputados, Alberto Belón, es asesor de Fernández en el Consistorio.

Por otra parte, la Audiencia de Barcelona ha confirmado la prisión provisional para dos de los responsables de los prostíbulos Riviera y Saratoga de Castelldefels al considerar indicios de que sobornaron a policías para conseguir su amparo en las actividades ilícitas de sus locales.

Antonio Lázaro, propietario del club Riviera, y Carmelo Sanz, director del burdel Saratoga, recurrieron la orden de prisión que dictó contra ellos a principios de marzo el Juzgado de Instrucción 33 de Barcelona por los supuestos delitos de cohecho, favorecimiento de la prostitución y de la inmigración clandestina y contra los derechos de los trabajadores. Su encarcelamiento fue el inicio de una causa en la que han acabado imputadas 19 personas, entre ellas varios mandos del Cuerpo Nacional de Policía, abogados y funcionarios del Ayuntamiento de Barcelona.

Admisión de los hechos

En el caso del propietario del Riviera, la Audiencia argumenta que existen indicios de su implicación en un delito de cohecho a funcionarios policiales, tal como lo apunta su "propia admisión parcial de los hechos" cuando prestó declaración. Los jueces recuerdan que el imputado reconoció que había hecho "regalos de escaso valor a determinados funcionarios policiales, pero insistiendo en que los hizo siempre y únicamente en el contexto de amistad que les ligaba y no como dádiva para estar previamente informado de las inspecciones" en su local.

El tribunal considera que existen indicios de que el imputado podría controlar a las prostitutas del burdel, favoreciendo la inmigración clandestina de esas mujeres. La Audiencia entiende que existe riesgo de fuga del imputado, sobre todo teniendo en cuenta que sus "nutridos recursos económicos y contactos policiales" podrían facilitar que huyera del país.

En el caso del responsable del Saratoga, los jueces explican que hay "indicios evidentes de que existe un trato con determinados funcionarios o personas próximas a ellos que precisamente le permiten actuar como encargado del club con total impunidad".

Carmelo Sanz alegó a la juez que fue él quien denunció a uno de los policías imputados y que su función en el Saratoga era únicamente la de encargado de un hotel donde se alojaban las mujeres. No obstante, el tribunal apunta que el imputado no era un "mero" encargado que alquilara habitaciones a las inmigrantes, sino "la persona de más confianza de sus dueños", que dirigía un negocio donde entre 50 y 100 mujeres ejercían la prostitución. Los jueces consideran que Carmelo Sanz era quien las controlaba en su trabajo y en las deudas que ellas tenían pendientes con el club.