¡No disparen a los pianistas!
La polémica sobre la línea editorial de los medios de comunicación públicos es recurrente, especialmente en Cataluña, donde éstos son prácticamente los únicos del panorama audiovisual que tienen la actualidad política y social de este país como prioridad. Los medios públicos deben estar al servicio del conjunto de la sociedad. La cuestión es quién -y bajo qué criterios- determina si efectivamente lo están. En un régimen democrático como el nuestro, es indiscutible que la representación del sentir de los ciudadanos corresponde fundamentalmente -aunque no únicamente- a los diputados elegidos para formar el Parlament. Los medios públicos deben atender todas las demandas de la sociedad y ser permeables a las críticas, que en la mayoría de los casos provienen de la estima que la sociedad les tiene. Aunque las críticas tengan a menudo una apariencia molesta, hay que tener en cuenta que lo peor que les podría pasar a les medios sería la indiferencia de la sociedad, por lo que tendría de insignificancia de sus contenidos. Corresponde, pues, a los parlamentarios la misión de marcar los límites de la actuación de los medios públicos como hacen mensualmente en la Cámara catalana. Pero corresponde a los profesionales de los medios atender a esas demandas en función del interés informativo, que debe ser en todo caso un criterio razonado y razonable y en ningún caso simplemente un sustitutivo de la subjetividad de los ciudadanos o de los parlamentarios para confundirla con la de los periodistas.
Los medios públicos deben ser permeables a las críticas, que en la mayoría de los casos provienen de la estima que la sociedad les tiene
Algunos abrigábamos la esperanza de que la nueva ley de la Corporació Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) cambiaría en algunos aspectos el debate sobre la orientación editorial de TV-3 y Catalunya Ràdio. Parecería sobre el papel que la constitución de un órgano de gobierno de extracción parlamentaria elegido por mayoría de dos tercios y encargado de nombrar por mayorías cualificadas a los gestores de las diversas empresas garantizaría un debate alejado de la única lógica del Gobierno y la oposición. Ha sido sólo parcialmente así y ciertos malestares entre parlamentarios y profesionales se han mantenido inalterados. Unos siguen pensando que los medios públicos siguen estando al servicio y al dictado únicamente de determinadas ideologías y los otros se muestran refractarios a las críticas razonadas, pues entienden que responden en más de una ocasión a la lógica partidista y no principalmente a la expresión de ciertos malestares sociales. Y en medio de este fuego cruzado, los nuevos órganos de gobierno hemos sido incapaces de alzarnos como tertium gaudens.
La progresiva proximidad de los comicios catalanes no hace presagiar que esta dinámica se pueda reorientar durante 2010. Pero aún tenemos la oportunidad de moderarla. Los países y las instituciones públicas se organizan a través de las normas formales que aprueban los parlamentos. Pero no todo está escrito en el DOG ni en el BOE. Cualquier sistema político funciona también gracias a los consensos implícitos, aquellos que nadie discute porque todo el mundo da por supuestos siempre que estén alejados de cualquier tipo de connivencia nociva. Deberíamos recuperarlos en el caso de TV-3 y Catalunya Ràdio. La audiencia y, sobre todo, el prestigio social que tienen no se corresponde -ni antes ni ahora- con las críticas a menudo histriónicas que reciben en el Parlament. Tampoco con los informes del propio organismo que la Cámara catalana creó para velar por la pluralidad. Y de la misma manera, el malestar sistemático de ciertos colectivos sociales con los medios públicos no debería dejar indiferentes a los profesionales por el hecho de expresarse también políticamente. El duelo permanente entre pianistas no nos lleva más que a considerar las fijaciones de unos como simples ejercicios de endogamia de los otros. O al revés. El Parlament nos ha dado instrumentos para centrarnos más en las melodías y menos en los intérpretes. Es cuestión de afinar el oído y entender que todos trabajamos para los mismos: la sociedad catalana.
Albert Sáez es presidente de la CCMA
