La enseñanza primaria y la secundaria irán a la huelga el 14 de febrero
Tal como se perfilaba a finales de diciembre, la huelga contra la Ley de Educación de Cataluña (LEC) que prepara el departamento dirigido por Ernest Maragall se llevará a cabo el próximo 14 de febrero. Los principales sindicatos de enseñanza convocaron ayer el paro en la primaria y la secundaria para exigir la retirada del anteproyecto.
Los sindicatos USTEC, ASPEPC, CC OO, UGT y CGT quieren actuar cuanto antes frente a una ley que, según han plasmado en un manifiesto conjunto, "abrirá las puertas a la privatización de las escuelas públicas". Por eso, el llamamiento al seguimiento de la huelga se ha dirigido a todos los docentes de la escuela pública y al conjunto de la comunidad educativa.
Los dirigentes de los sindicatos advirtieron ayer en rueda de prensa al Gobierno de las consecuencias en caso de no retirar la LEC. La portavoz de USTEC, Rosa Cañadell, dijo que se abrirá "un periodo de confrontación social que será muy negativo para la educación pública". Las movilizaciones ya empezaron ayer. Medio centenar de delegados sindicales se concentraron ante el edificio de Caixafòrum, donde el consejero Ernest Maragall presentó las bases de la LEC, y pidieron su dimisión. Maragall tachó de "inadmisible" la actuación de los sindicatos.
El sistema educativo catalán ha dejado constancia en múltiples ocasiones de sus debilidades, confirmadas recientemente por el Informe PISA, estudio de la OCDE sobre el nivel de la educación secundaria en todo el mundo. Tanto el Gobierno como los sindicatos son conscientes de la necesidad de cambiar en materia educativa, pero cada uno lo quiere hacer a su manera. Mientras que el Departamento de Educación cree que las mejoras se pueden conseguir con mayor autonomía en las escuelas e institutos y mejor evaluación de los docentes, los sindicatos aseguran que los problemas se solucionarían con un aumento serio de la inversión.
El Sindicato de Estudiantes, formado sobre todo por alumnos de secundaria, se ha sumado a la huelga por considerar la ley "una verdadera declaración de guerra contra la educación pública".
