Las escuelas públicas también sufrirán recortes de gastos

El recorte de gastos de funcionamiento en los institutos (véase EL PAÍS de ayer) también llegará a las escuelas de primaria. CC OO y ERC dijeron que tienen conocimiento de que algunas escuelas ya saben que tendrán menos dinero para gastar. Pero, mientras que los recortes de gastos en los institutos afectan a partidas de luz, agua, calefacción y limpieza, en las escuelas son los Ayuntamientos quienes pagan estos gastos, con lo que la reducción será sobre partidas como el papel y las bibliotecas, según CC OO.

"Nos llegan avisos de que habrá recortes en escuelas del Baix Llobregat, Vallès Occidental y Girona", afirmó Àngel García, responsable de enseñanza pública de CC OO, quien explicó que en dos centros se han anunciado recortes de 3.000 euros al año frente a tijeretazos de hasta 50.000 en algún centro de secundaria. Con todo, un portavoz del Departamento de Enseñanza reiteró: "No hay recorte sino una provisión de fondos hasta junio", cuando se apruebe el presupuesto de la Generalitat para 2011.

Mas defiende que la decisión es "imprescindible" para salir de la crisis

La diputada de ERC Anna Simó dijo que algunas escuelas de Girona ya saben que sufrirán recortes. CC OO pide a Enseñanza una reunión para tratar "las noticias que se están comunicando a la prensa y afectan a las condiciones de trabajo de los profesores y al funcionamiento de los centros". En el mismo sentido se pronunciaron las asociaciones de padres de alumnos. "Queremos saber qué pasará", dijo el presidente de Fapaes, Pere Farriol. Para la presidenta de Fapac, Imma Fuyà, si hay recortes deberían ser "medidas provisionales" para fomentar el ahorro, siempre que no afecte a la calidad de la enseñanza.

Por otra parte, las entidades que trabajan por los colectivos más desfavorecidos criticaron la decisión del consejero de Bienestar, Josep Lluís Cleries, de aplazar la concesión de ayudas y prestaciones a las personas con dependencia moderada. Según la Mesa del Tercer Sector Social de Cataluña, que aglutina a 3.000 entidades no lucrativas, "en lugar de demorar la concesión de estas ayudas, que supondría un inaceptable retroceso de los derechos sociales, la Generalitat debe exigir al Estado el dinero necesario" para poder cumplir los plazos de la Ley de Dependencia. Cleries dijo el martes en el Parlament que el Estado solo aporta el 31% de las ayudas, en lugar del 50% comprometido, y admitió que 54.627 personas están esperando a que se evalúe su grado de dependencia o a que se les aplique el Plan Individualizado de Atención. En el 67% de los casos, se ha superado el plazo máximo de respuesta de la Administración. Ante este colapso, agravado por el recorte presupuestario, Cleries dijo que se ha visto obligado a priorizar los casos de dependencia grave, mientras que los ciudadanos con dependencia moderada deberán esperar al menos hasta julio.

Ante el alud de críticas, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, reconoció que los recortes pueden generar "decepción" entre los ciudadanos pero aseguró que son "imprescindibles" para "salir reforzados de la crisis".

El Departamento de Justicia anunció que retirará la subvención al Servicio de Orientación Jurídica de Barcelona que funciona desde noviembre. El alcalde Jordi Hereu se mostró "indignado".