Los expertos cuestionan el pacto fiscal de CiU

El Parlament de Cataluña cierra este viernes la comisión que durante cuatro meses ha analizado las posibilidades de que la Generalitat se dote de un nuevo sistema de financiación basado en el concierto económico del País Vasco. Una treintena de expertos escogidos por los partidos han pasado por esta comisión, cuya principal dificultad ha sido analizar la viabilidad de un proyecto -el concierto económico o pacto fiscal- que el Gobierno de Convergència i Unió no ha precisado todavía. En cualquier caso, la mayoría de expertos afirman que, si bien la Constitución no prohíbe explícitamente que Cataluña goce de una financiación singular, sí hay una ristra de problemas legales, políticos y técnicos que complican, y mucho, las aspiraciones de Mas de conseguir un modelo similar al vasco.

La inconcreción del Ejecutivo de Mas dificulta el análisis de los especialistas

EL PAÍS ha tenido acceso a las actas de la comisión, que se ha celebrado a puerta cerrada por deseo de los partidos mayoritarios. Con esta medida se pretendía evitar que la comisión se convirtiera en un espectáculo mediático como ocurrió con las negociaciones del Estatuto.

La principal división entre los economistas, politólogos y juristas que han comparecido es a la hora de valorar si el pacto fiscal que persigue Mas puede conseguirse con la negociación política o si las aspiraciones nacionalistas chocan con la Constitución e incluso con el Estatuto.

Ni siquiera los convocados a petición de Convergència i Unió mantienen un punto de vista único al respecto. Por ejemplo, el catedrático de Derecho Administrativo de la Pompeu Fabra, Enric Argullol, mantiene que la Constitución "contiene un modelo de financiación abierto en el que no es incompatible la asimetría ni la bilateralidad". En cambio, el catedrático de Derecho Financiero de la Universidad Pública de Navarra, Fernando de la Hucha, alerta de que incluso debería retocarse el Estatuto "para incluir un sistema que sea similar al concierto vasco o convenio de Navarra, siempre y cuando no se base en la adicional primera de la Constitución". Recuerda De la Hucha que el Tribunal Constitucional ha reiterado que a efectos fiscales Cataluña no puede ser calificada como territorio foral.

Ni Convergència i Unió ni el presidente de la Generalitat, Artur Mas, han aclarado qué modelo de financiación pretenden conseguir exactamente. El Gobierno se ampara en un informe elaborado por el Instituto de Estudios Autonómicos que garantiza la constitucionalidad del pacto fiscal pero que alerta de problemas importantes para "blindar" el nuevo modelo ante cambios de Gobierno.

En la comisión los expertos apuntan a dos posibles soluciones para acercarse al concierto: la primera sería intentar que Cataluña quede excluida de la Ley Orgánica de Financiación de las comunidades Autónomas (LOFCA) y lograr un modelo de negociación bilateral entre el Estado y la Generalitat. Esta es la opción que defiende CiU. La otra vía sería mantener Cataluña dentro de la LOFCA, pero intentando conseguir un trato singular en lo referente a capacidad normativa de la Generalitat o cesión de tributos.

La comisión ha debatido asuntos como la sostenibilidad del sistema autonómico en caso de que Cataluña dejara de aportar a la caja común y de si hay o no un impedimento constitucional al concierto entre otros asuntos.

- Problemas constitucionales. Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB es una de las voces que más contundentemente han cuestionado la constitucionalidad de la propuesta. "No cabe en la actual Constitución. Los únicos regímenes diferentes que están constitucionalizados son el País Vasco y Navarra, por una parte, y Canarias, por la otra". Alejandro Saiz, catedrático de Derecho Constitucional de la UPF apoya esta tesis: "Para hacer posible un sistema como el del concierto económico habría que cambiar la Constitución, habría que cambiar el Estatuto y no diré que deberíamos cambiar el Tribunal Constitucional". Eso sí, Saiz admite: "Nada en la Constitución parece imponer una rigurosa uniformidad entre las comunidades de régimen común para tener la misma articulación de sus fuentes de ingresos".

Para el abogado Heribert Padrol, no hay obstáculos en la Constitución. Recuerda que, si bien el artículo 138 dice que las diferencias entre estatutos autonómicos no podrán implicar en ningún caso privilegios economicosociales, esto puede salvarse "si se configuran adecuadamente los mecanismos de nivelación y de solidaridad".

Ferran Requejo, catedrático de Ciencia Política de la UPF, tampoco observa impedimentos en la Carta Magna. "Formalmente, en la Constitución no hay ningún artículo que prohíba el concierto económico para Cataluña, por tanto, diríamos que el problema es de voluntad política".

- ¿Y salir de la LOFCA? Sin salir del sistema común de financiación autonómica, Luis Manuel Alonso, catedrático de Derecho Financiero de la UB, aboga por buscar "otras posibilidades de asimetría, pero dentro de la LOFCA" y recuerda que se tendrán que buscar las mayorías parlamentarias que requieren las modificaciones de las leyes orgánicas.

- ¿El fin de la solidaridad? Si Cataluña recauda, gestiona, liquida y controla todos los impuestos, ¿queda espacio para la solidaridad interterritorial? El catedrático de Hacienda Pública de la Universidad Rey Juan Carlos I asegura que no. "Tal como están entendidos el concierto en el País Vasco y el convenio en Navarra no creo que pueda hablarse de pacto fiscal solidario". Por eso entiende que el modelo de estas dos comunidades no es generalizable porque "plantearía problemas en términos de oposición o enfrentamientos por parte de otros territorios". Para Guillem López Casasnovas, catedrático de Hacienda de la Pompeu Fabra, esto no debe ser un impedimento: "La generalización del modelo es un problema del Estado, no es un problema nuestro. No tendría que restringir lo que puede ser el camino hacia un modelo basado en el concierto". En cambio, Maite Vilalta, profesora de Hacienda Pública de la UB, llama a tener en cuenta todos los factores: "Hay que tener en cuenta que el concierto incumple todos los principios sobre los cuales yo, como profesora de Hacienda Pública, debo someter a consideración a la hora de valorar un modelo, como el principio de equidad".

Para Fernando de la Hucha, la generalización del concierto económico tendría efectos catastróficos: "En la práctica hundiríamos las comunidades autónomas con menor renta per cápita. Se hundidirían Extremadura, Andalucía y Castilla y Leon, que dependen de fondos estructurales del Estado". Por esta razón, algunos expertos afirman que lo que no es sostenible es el actual sistema de concierto vasco y navarro y piden que, en caso de salir adelante la iniciativa de Mas, se pacten bien las cuotas de solidaridad.

Antoni Zabalza, catedrático de Teoría Económica de la Universidad de Valencia, sugiere cómo debería actuar la Generalitat para lograr su objetivo: se tiene que pedir una reforma para "mejorar el funcionamiento de todas las jurisdicciones gubernamentales, no solo la autonómica". "Un pacto fiscal como este puede no salir a corto plazo, pero alentará un debate que dará frutos", aseguró.

- Sin resultados milagrosos. Son varios los expertos que han alertado en la comisión de que nadie debe esperar milagros económicos ni en el caso de conseguir el pacto fiscal. Según Guillem López Casasnovas, "es posible un pacto fiscal basado en el modelo que marca el concierto, lo imposible es que esto nos dé una capacidad financiera igual que el concierto". Lo mismo defendió Joaquim Solé, catedrático de Hacienda Pública de la UB: "Me parece bastante difícil llegar a un resultado como el que económica o financieramente se da al País Vasco y Navarra". Eso sí, mantiene que se puede lograr un modelo "en el que todo esté más ajustado" y defiende que se puede hacer sin salir de la LOFCA.

- ¿Cambiar el Estatuto? El Estatuto de Autonomía aprobado en 2006 fija aspectos de la financiación autonómica como qué parte ingresará la Generalitat de tributos como el IVA y el IRPF. Esto lleva a decir a Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB, que el sistema de financiación establecido en el Estado es diferente e incluso contrario al sistema de concierto. Ferran Rejejo, en cambio, no hace mucho caso de los posibles problemas de encaje del concierto en la carta autonómica: "Reformar el Estatuto no es la solución porque es una norma degradada, sobre todo a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional".