El fiscal acusará a Millet de malversación de fondos públicos
El Palau pide al juez que decida si el cobro de los bonos constituye delito
El cerco legal contra Fèlix Millet se estrecha. Las conclusiones de las dos auditorías presentadas anteayer revelan que el ex presidente del Palau desvió para su uso particular 2,95 millones de euros procedentes del consorcio, lo que supone una actuación de manual para acusarle de malversación de caudales públicos, según fuentes judiciales.
Cuando Millet y su mano derecha, Jordi Montull, declararon el pasado 19 de octubre, el juez Juli Solaz acotó el interrogatorio la querella del fiscal, que les acusaba de apropiación indebida y falsedad. De nada sirvieron los intentos de las acusaciones para preguntar por otros hechos desvelados por los medios de comunicación, como los pagos a la Fundación Trias Fargas. "Si hemos de preguntar por lo que se ha publicado en la prensa, podríamos montar una tienda de campaña", dijo Solaz.
El principal inculpado pasó de cobrar 273.000 euros a 1,4 millones
Pero ahora del Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona tiene en sus manos las dos auditorías que le han entregado los nuevos gestores de la entidad, que revelan al detalle el saqueo del Palau. Lo cifran en 23,7 millones de euros y concretan de manera pormenorizada el destino privado que dio Millet a 2,95 millones de euros de fondos públicos, que se gastaron en las obras de ampliación de su casa de L'Ametlla del Vallès, en lotes navideños y en sufragar un viaje privado a las islas Maldivas, adonde acudieron los dos acusados y sus familias.
Esas revelaciones contables detallan el importe y la fecha de los viajes y de otros gastos, por lo que fuentes judiciales consideran que lo razonable sería que el juez citara de nuevo a Millet y Montull para preguntarles por esos hechos. Si no lo hace, lo solicitará la fiscalía. La Generalitat, a la que el juez no ha permitido ejercer la acusación, también anunció ayer que remitirá a sus servicios jurídicos el contenido de las auditorías para que emprendan las actuaciones legales pertinentes.El Código Penal prevé el delito de malversación de caudales públicos cometido por particulares y lo tipifica con penas de hasta seis años de cárcel, que pueden llegar a ocho "si la malversación revistiera especial gravedad atendiendo el valor de las cantidades sustraídas y el daño o entorpecimiento producido al servicio público".
La fiscalía considera que no es necesario ampliar la querella contra Millet y Montull porque la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite que nuevos hechos que afloren se investiguen dentro de la misma causa. Es lo que está ocurriendo con el caso Palau, una causa judicial que se inició el 10 de junio con una querella del fiscal Emilio Sánchez Ulled por el desvío de 2,3 millones de euros en billetes de 500 euros y de la que ha acabado emergiendo un enorme saqueo a costa del erario público efectuado por Millet y Montull durante años .
Así las cosas, el panorama judicial que se avecina a ambos saqueadores confesos es cada vez más incierto, pese a sus esfuerzos por intentar maquillar su comportamiento, confesar parte de los hechos y depositar 3,6 millones de euros en el juzgado.
El mismo Fèlix Millet explicaba en su confesión que se atribuyó durante años el cobro de "bonos" millonarios para "premiar" su gestión al frente del Palau. Pero si él hablaba de que en 2008, con motivo del "esfuerzo" de los actos del centenario, se había adjudicado un bonus especial de 690.000 euros, las auditorías realizadas en el Palau han encontrado que el aumento de la retribución percibida este año fue de 1,1 millones de euros. Según explicó el pasado viernes el actual director del Palau, Joan Llinares, en 2007 la retribución de Millet fue de 273.320 euros y en 2008 ascendió a 1.411.578 euros. Estas cantidades se cobraron por métodos diversos. Por una parte estaba el sueldo del consorcio, el único legal; por otra, el sueldo que desde 2006 recibía de la fundación -"algo que no estaba autorizado por el patronato ni tampoco por el consorcio", según Llinares-, y el resto, a través de facturas. La doble retribución del consorcio y de la fundación la cobraban también Jordi Montull, el otro imputado en la causa, que pasó de cobrar 169.366 euros en 2007 a 474.661 en 2008, y su hija y directora general de la fundación, Gemma Montull, que vio como sus emolumentos pasaron de 69.837 a 118.698 euros en 2008. En 2009 este astronómico aumento se había consolidado y favorecía también a Rosa Garicano. La ex directora general del Orfeó Català del Palau no se benefició del "esfuerzo" del centenario tanto como el resto del equipo directivo -pasó de cobrar 181.048 euros en 2007 a 197.530 euros en 2008-, pero en cambio "hasta septiembre de 2009 ya había cobrado 209.000 euros y si no hubiera sido destituida habría acabado cobrando este año 300.000 euros", indicó Llinares.
"Todo esto forma parte de unas cifras que no están justificadas ni aprobadas por ningun órgano de gobierno", añadió el director del Palau, que señaló que estas cantidades no forman parte de la suma de 23.720.966 euros que se detalla en el informeque el viernes se entregó al juez. "Están en otro documento aparte porque, aunque nosotros las consideramos irregulares, es el juez el que deberá decidir".
Con estos nuevos detalles sobre el caso Palau, el presidente de la Generalitat, José Montilla, aseguró que el Gobierno trabaja para que no se repita un asunto parecido y pidió también la implicación de la comunidad educativa.
