El fiscal de delitos ecológicos censura con dureza a las administraciones

El fiscal coordinador de medio ambiente y urbanismo de Cataluña, José Joaquín Pérez de Gregorio, ha censurado con duros calificativos la total pasividad de todas las administraciones públicas en la persecución de esos delitos. La memoria del año 2007 alude a una situación que se arrastra desde hace tiempo, pero el tono utilizado esta ocasión denota el hartazgo por el comportamiento de los poderes públicos, a los que acusa de mirar para otro lado.

En este sentido, el fiscal afirma: "es preocupante y harto conocida la existencia de numerosas actividades industriales que generan contaminación atmosférica, vertidos de aguas residuales sin depurar a cauces públicos, utilización fraudulenta de depuraciones de aguas residuales urbanas, vertidos ilegales de purines o existencia de vertederos ilegales de residuos tóxicos", que conocen las administraciones y que no denuncian, aun sabiendo que esas instalaciones están en situación de ilegalidad administrativa.

El fiscal afirma que no duda de la profesionalidad de los funcionarios e insinúa la responsabilidad política. En este sentido, precisa que esta actitud "lamentablemente parece persistir" con CiU o con la izquierda en el poder y recuerda que lleva 18 años reuniéndose con los representantes del Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat para que cambien su actitud y nada de eso ha sucedido. A modo de ejemplo, el fiscal recuerda que la Agencia Catalana del Agua y la Agencia Catalana de Residuos Urbanos únicamente presentaron una denuncia cada una ante la fiscalía durante 2007 y fue archivada al instante porque no constituía delito. Igualmente, de los casi 1.000 ayuntamientos que hay en Cataluña, sólo uno presentó una denuncia el año pasado y también fue archivada. Además, el fiscal se sorprende de que no se haya presentado ni una denuncia por "comprobados delitos contra la ordenación del territorio con incidencia medioambiental". Con todo, la dirección general de Medio Natural es, una vez más, la "honrosa excepción" a esa pasividad del poder, dice el fiscal. Desde 2003 han ocupado ese cargo Ramon Luque y Joan Pellisé, los dos de Esquerra Unida i Alternativa. La actual directora es Núria Bonaventura.

La memoria tampoco refleja una intensa actividad investigadora de los tres fiscales especializados. Y es que de las 83 diligencias que se incoaron el año pasado sólo tres fueron de oficio. O sea, a iniciativa del fiscal. No aparece, por ejemplo, ninguna mención en la memoria a los escapes nucleares sufridos en la central nuclear de Ascó en noviembre de 2007.

La mayoría de las diligencias (60) se abrieron por atestado policial y de ellos, 50 fueron de los agentes rurales dependientes de la dirección general de Medio Natural. Otras 17 denuncias fueron presentadas por asociaciones o particulares.