El fiscal niega los malos tratos en los centros de menores

La fiscalía de menores negó ayer que se produzcan malos tratos en los centros de menores de Cataluña, contrariamente a lo que denunció la semana pasada el Defensor del Pueblo, aunque solicitó más recursos para su supervisión a la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia (DGAIA). El portavoz de menores de la fiscalía, Juanjo Márquez, explicó que recientemente se han visitado unos 20 centros de la zona de Berga, Manresa y Vic, sin que se hayan encontrado casos de vulneración de los derechos de los niños.

En esas visitas se han incluido los centros de Can Rubió, Els Castanyers y El Pedronyal, citados en el informe del Defensor del Pueblo, que ha sido censurado tanto por la DGAIA como por el Síndic de Greuges. "Hacen falta más centros y en algunos son necesarios más medios materiales. Algunos no son los mejores, pero destaca el afecto que se ve en ellos", afirmó Márquez. Él y otros fiscales de menores visitan periódicamente desde hace un año el centenar de centros de la provincia de Barcelona en los que hay algún menor tutelado por la DGAIA. Las visitas incluyen entrevistas con los jóvenes, quienes pueden explicarles de forma confidencial "todo lo que quieran", aunque Márquez recordó que no han recibido ninguna denuncia y no ha sido necesaria la actuación inmediata de la fiscalía.

"Sensación positiva"

Te pueden gustar más o menos, pero la sensación es positiva", indicó. Márquez recordó que el estudio de Múgica es mucho más amplio de lo que ha aparecido publicado en los medios de comunicación y lamentó que se hayan descontextualizado "bastante" los métodos que se utilizan en los centros de menores, como la conflictividad que presentan algunos niños con trastornos de conducta. "¿Qué hacer con chicos con episodios violentos contra otros o contra sí mismos?", dijo. Por ello pidió "que no se haga demagogia y se examine caso por caso", teniendo en cuenta la situación de algunos de los menores y los recursos de los centros.

Por otra parte, el Gobierno catalán promueve la creación del Procurador de la Infancia y de la Adolescencia para centralizar las quejas y solicitudes de estos colectivos que están bajo tutela de la Generalitat, según recoge el anteproyecto de la Ley de los Derechos y las Oportunidades de la Infancia y la Adolescencia.