La inmersión lingüística
El 30 de diciembre de 1980 se publicó el decreto que traspasaba "los servicios del Estado a la Generalitat de Cataluña en materia de enseñanza no universitaria". El artículo 15 del Estatut reconocía la "plena competencia" de la Administración catalana en este campo. En el ideario nacionalista, escuela y lengua estaban intimamente ligadas, la enseñanza constituía la herramienta por excelencia para la recuperación de la identidad lingüística.
Ya en junio de 1978, cuando no hacía ni un año de la restauración de la Generalitat, un decreto reguló la enseñanza del catalán en los niveles no universitarios, pero en 1984, pese a que ya estaba aprobada la primera Ley de Normalización Lingüística, la enseñanza del catalán se reducía a un promedio de tres horas semanales. La situación fue evolucionando sin demasiada intensidad a lo largo de los siguientes 10 años. En primaria, el catalán era cada vez más mayoritario, mientras que en secundaria se mantenía el castellano como lengua dominante.
La discusión teórica se centraba en si se establecía un sistema único monolingüe, con el catalán como lengua vehicular, o se optaba por un modelo de dos vías, de modo que la enseñanza se impartiera en catalán y el castellano se estudiara como segunda lengua y viceversa. La ley establecía que la decisión debía tomarla el consejo escolar de cada centro. El concepto de "inmersión lingüística" pasó a ocupar el centro del debate al tiempo que el catalán ganaba espacios, aunque de forma muy irregular.
De hecho, en 1993 el modelo lingüístico de la escuela catalana seguía sin estar definido. Pero ese año, aprovechando la reforma escolar que trajo consigo la LOGSE, el Departamento de Enseñanza de la Generalitat, a cuya cabeza estaba el consejero Joan Maria Pujals, envió una circular a todos los centros en la que establecía que "normalmente" el catalán sería la lengua vehicular de la enseñanza. Aquella decisión, justo cuando los diputados de CiU apuntalaban el que sería el último mandato de Felipe González, cuya gestión era bombardeada a diario por los medios de comunicación afines a la derecha, desató un alud de críticas y descalificaciones contra la Generalitat y una campaña que encabezó el líder del PP en Cataluña Alejo Vidal-Quadras.
Hubo manifestaciones de padres, protestas y descalificaciones. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se pronunció estableciendo que la "inmersión lingüística" era correcta con tal que la Generalitat garantizara la "asistencia personalizada" a los niños castellanohablantes cuyos padres reivindicaran el derecho a que se les escolarizara en su lengua materna en el ciclo inicial, que dura hasta los siete años.
El Gobierno de Felipe González cayó. Las elecciones generales de 1996 debían ser las del triunfo arrollador del PP de José María Aznar. Pero no fue así. Los conservadores quedaron lejos de la mayoría absoluta y se vieron obligados a pactar con CiU la formación del Gobierno, y Aznar llegó a asegurar que hablaba catalán "en la intimidad".
El PP desactivó a Vidal-Quadras y su gente, y la Generalitat dispuso de una legislatura para consolidar el modelo. Ahora, ocho años más tarde, ya nadie habla de inmersión lingüística. Los niños catalanes son escolarizados en catalán. Otra cosa es que esto haya servido para imponer el uso social del catalán o que el modelo sirva para integrar a las nuevas oleadas migratorias.
