El juez devuelve Gramepark al Ayuntamiento de Santa Coloma

Más de un año después de que la justicia concediera a la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) la administración de Gramepark, la empresa pública de Santa Coloma de Gramenet en torno a la que giró la Operación Pretoria ha sido devuelta al Consistorio. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón tomó aquella decisión al estallar el caso y ayer fue su sustituto, Pablo Ruz, el que consideró que la OAC ya había cumplido su misión y que la sociedad debía volver a manos municipales.

En este tiempo, la oficina ha reordenado las promociones urbanísticas que quedaron colgadas al destaparse la trama de corrupción urbanística, ha destituido a los altos cargos cuya honestidad se demostró dudosa y ha reflotado económicamente la sociedad. El estallido del caso Pretoria, que sigue tramitando el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, hizo aflorar un enorme agujero económico en Gramepark, que obligó al Ayuntamiento a aportar 31 millones de euros para sanearla. La empresa municipal, dedicada a la construcción de viviendas y aparcamientos, cerró el año 2009 con una deuda de 86,6 millones de euros.

Durante el tiempo que ha durado la intervención de Gramepark fueron destituidos el gerente, Manuel Sierra, y el arquitecto Jorge Nadal, acusados de cometer irregularidades en la adjudicación de obras y servicios para obtener beneficios personales. Sierra, además, se subió el sueldo a espaldas del Consejo de Administración.