Un juez multa a 11 personas por oponerse a un desahucio en Vic
El fallo impone una sanción de 180 euros al considerar la resistencia pasiva una falta por desobediencia
El juzgado de instrucción 3 de Vic (Osona) ha impuesto una multa de 180 euros a 11 personas que el pasado 9 de febrero trataron de impedir el desahucio de una familia que no podía hacer frente al pago de las cuotas de la hipoteca. Medio centenar de personas se interpusieron en vano entre el secretario judicial y la familia, formada por Ernest Owusu, su esposa, Anita Twenenoda, y dos niños de seis y un año. Tras despejar a la fuerza la entrada a la vivienda, los Mossos llevaron ante el juez a quienes trataron de oponerse al desahucio. Es la primera vez que la policía catalana procede así ante el creciente número de desalojos que se topan con la resistencia de amigos y vecinos de los afectados y miembros de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH). La sentencia es, por tanto, y según la información disponible por EL PAÍS, la primera que castiga al movimiento antidesahucios.
El fallo detalla cómo entre 40 y 50 asistentes del grupo antidesahucios "se colocaron juntos a modo de sentada [frente a la vivienda] impidiendo la actuación judicial y de los agentes". La policía les alertó repetidamente de que "si no facilitaban el acceso, se les debería retirar del portal usando la fuerza". La respuesta de los activistas antidesahucios fue que no se moverían del lugar y realizarían una resistencia pasiva.
El grupo se negó "a ser retirado y [los asistentes] se agarraron fuertemente de los brazos para dificultar la labor policial". Según el fallo, la actitud de los reunidos fue "contumaz y desafiante y continuó hasta el punto de que los agentes requirieran de más refuerzos". Tras algunos momentos de tensión, sin embargo, los Mossos d'Esquadra lograron despejar el portal y el desahucio pudo completarse. El juez considera que la "resistencia pasiva" alegada por los manifestantes constituye una "falta al respeto y la autoridad" de la policía, ya que la orden de desalojar la zona fue "clara y contundente", además de "legítima y, por tanto, susceptible de provocar una falta por desobediencia".
El fallo, sin embargo, absuelve al matrimonio desahuciado, que también fue llevado ante el juez por la policía catalana, por entender que "su situación personal era muy delicada, al tener que abandonar el piso en ese mismo instante, estando la señora Anita embarazada de ocho meses".
"En ningún caso los mossos nos dijeron que nos iban a denunciar; solo que abandonáramos la zona", explicó ayer el exconcejal de la CUP Quim Soler, que participó en la protesta junto a medio centenar de personas y que también ha sido multado. "La sentencia es contradictoria: reconoce las necesidades de la familia desalojada pero castiga a quienes se solidarizaron por ella", añade Soler, que está decidido, junto con otros multados, a recurrir la sentencia.La condena, adelantada por El 9 Nou, rebaja la petición del fiscal, que pedía una multa de 300 euros para los denunciados y de 120 euros para el matrimonio. La escalada de desahucios ha provocado el auge de acciones ciudadanas que defienden el derecho a la vivienda. Las acciones se llevan a cabo con el objetivo declarado de ser pacíficas, pero ante las órdenes de la policía oponen "resistencia pasiva" para negarse a acatarlas.
La PAH considera "vergonzoso" que se castigue a alguien por defender a quien sufre "una situación dramática". "No nos vamos a quedar de brazos cruzados", anunció ayer Lucía Delgado, miembro de la PAH, que criticó las acciones "desmedidas" de los Mossos d'Esquadra en los últimos desalojos. "Los Mossos d'Esquadra intentan provocar miedo a la gente que se solidariza con los afectados por los desahucios", afirma Soler, opinión que comparte la PAH.
Vic fue el primer caso en el que los mossos denunciaron a manifestantes, algo que repitieron el pasado 25 de julio en un desalojo del barrio barcelonés de El Clot que acabó con enfrentamientos violentos entre policía y los asistentes. Un total de 34 personas fueron denunciadas por desobediencia, resistencia y atentado a la autoridad, en un caso que aún no ha sido resuelto por el juez.
"No son los mecanismos adecuados para afrontar esta situación", advierte Delgado. Como Soler, sin embargo, no cree que estas sanciones acaben con las movilizaciones que desde la primavera acompañan a los desalojos. "Irán a más", afirma Delgado ante un otoño en el que se prevé un elevado número de desahucios. La PAH ha convocado una manifestación nacional el próximo 25 de septiembre a favor del derecho a la vivienda.
