El juez reabre ahora la causa por la 'okupación' del edificio de Banesto

Pasó la polvareda política y empieza el proceso penal. El Juzgado de Instrucción 22 de Barcelona ha estimado el recurso del fiscal y ha reabierto la causa por la okupación del edificio del Banesto en la plaza de Catalunya, desalojado el 29 de septiembre, día de la huelga general, a raíz de los duros enfrentamientos entre los Mossos d'Esquadra y los jóvenes antisistema que se refugiaron en su interior.

Después del desalojo, el juez recibió diversas críticas del consejero de Interior, Joan Saura, de su secretario de Seguridad, Joan Delort, y del Ayuntamiento de Barcelona, quienes vinieron a culparle de la virulencia de los disturbios por no haber desalojado antes el edificio y permitir que los antisistema se atrincherasen en su interior. Y es que, tres días antes, el 26 de septiembre, el juez había considerado que no existía delito en la okupación, como suelen hacer la mayoría de sus colegas de Barcelona, y que el asunto debía tramitarse por la vía civil.

El juzgado avisó a la propietaria de sus derechos y no se personó en el caso

El 1 de octubre, dos días después del desalojo, la fiscalía recurrió y el juez Juan Emilio Vilà Mayo, responde que ahora "procede abrir la totalidad del debate". O sea, averiguar si se cometió delito y, por eso, insta a la fiscalía a proponer todas las pruebas "que estime útiles, en relación con el hecho, el derecho y la imputación". Es decir, que identifique a los supuestos acusados, porque el Código Penal no se aplica en genérico, sino a conductas individuales. Y ahí es donde entran en juego de nuevo los Mossos d'Esquadra, que deberán identificar a los supuestos autores y enumerar las pruebas que justificaban la vía penal y que el juez desoyó por no considerar el informe policial que se le presentó y que, según Delort, era muy detallado sobre el mal estado del edificio.

A pesar de la gravedad de los enfrentamientos y de los destrozos causados en el mobiliario urbano y en diversos escaparates de Barcelona, de los 43 detenidos esa tarde, 34 fueron puestos en libertad por la propia policía antes de ir al juzgado. Y de los nueve que pasaron a disposición judicial solo dos acabaron en prisión porque así lo solicitó la fiscalía, lo que hace suponer que para todo el resto no existían pruebas claras que les incriminaran ni que fueran delitos de relevancia, aunque sigan formalmente acusados.

En toda esta polémica se ha pasado también de puntillas en que la empresa propietaria del Banesto, Andybal, la perjudicada por el supuesto delito, se limitó a denunciar el caso a los Mossos y no compareció en el proceso. El juez recuerda ahora que incluso fue informada de sus derechos y se mantuvo en sus trece de no personarse en la causa ni solicitar el desalojo. La empresa declinó ayer explicar el porqué de esa actuación.

El juez razona que archivó la vía penal y optó por la civil porque los datos que tenía entonces es que la okupación era "de carácter reivindicativo, festivo y muy limitada en el tiempo". De los datos que le aporta el fiscal deduce que en fechas próximas podría estar prevista una opción de compra de parte del edificio, pero se trata solo de una hipótesis. El auto insiste en que la tesis de la fiscalía presenta dificultades de valoración, pero que si se le pida que reabra el caso, lo reabre y ya se verá.