Mas justifica que no se impute a cargos de CDC en el 'caso Palau' porque Montull los exculpó

Artur Mas justificó ayer la petición del Consorcio del Palau de la Música al juez para que no impute a cargos de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) por presunto cobro de comisiones ilegales en el caso Palau. Mas considera que como "muchas personas" han declarado ante el juez que ni siquiera conocían a los implicados -el ex tesorero del partido Daniel Osàcar y el actual secretario de Inmigración, Àngel Colom-, no es necesario imputarles.

El presidente coincide así plenamente con los escritos enviados por el gabinete jurídico de la Generalitat al juez Juli Solaz. El argumento es idéntico: las declaraciones en sede judicial de Jordi Montull -uno de los saqueadores confesos del Palau- y de Elisabeth Barberà, que fue secretaria personal de Fèlix Millet, exculpan a los implicados. Montull dijo que el nombre de "Daniel" que aparece en los informes de la Agencia Tributaria -que fija el monto de las comisiones en 5,9 millones de euros, presuntamente pagados por la empresa Ferrovial- no corresponde a Daniel Osàcar.

El cambio de criterio del consorcio -que con el tripartito pidió que se imputara a los cargos de CDC y con el nuevo Gobierno opina lo contrario- está justificado, porque entre uno y otro momento "han pasado muchas cosas". "No es momento de imputar a nadie porque las evidencias que tienen son en sentido contrario", añadió Mas.

La fiscalía, sin embargo, mantiene la petición de imputar a Osàcar y a Colom. El juez Solaz, que sigue siendo el instructor del caso hasta que se haga efectivo su traslado a la Audiencia de Barcelona, decidirá hoy, previsiblemente, dos cosas: si abre una pieza separada para investigar el presunto cobro de comisiones y, en ese caso, si decide imputar a los cargos nacionalistas.

La oposición ha reaccionado y ha exigido al presidente que aclare si la Generalitat presionó al consorcio para dar marcha atrás. Este órgano rector está integrado por el Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat, que actuó de forma unilateral a través de sus servicios jurídicos. El ministerio se sumó ayer al Consistorio y lamentó que el Gobierno catalán haya actuado a sus espaldas.

El Partit dels Socialistes acusó a Mas de tomar "una decisión política" para "exculpar a dirigentes de CDC" del caso Palau. El portavoz del partido, Miquel Iceta, exigió que el Gobierno aclare quién tomó esa decisión. Esquerra e Iniciativa también registraron preguntas en el Parlament para saber si Mas dio "alguna directriz" a los servicios jurídicos, y el PP pidió a Mas "transparencia y colaboración con la justicia". El consejero de Cultura, Ferran Mascarell, se limitó a decir que la decisión del consorcio es "de carácter estrictamente jurídico".