La 'ley ómnibus' y la vivienda
Los Gobiernos deben proponer cambios legislativos acordes con los programas de las mayorías que representan, y para ello los Parlamentos debaten públicamente hasta llegar a los textos definitivos. Incluso cuando las leyes no generan consenso acaban recibiendo, desde dentro del Parlamento y desde la sociedad civil, multitud de enmiendas que evitan excesos y mejoran su aplicabilidad. Así sucedió con la Ley del Derecho a la Vivienda, que entre 2005 y 2008 fue objeto de un debate social intenso y que finalmente fue aprobada con el apoyo de las fuerzas del tripartito. Dijimos entonces que en su articulado se comprueba la huella de miles de aportaciones realizadas por muy diversas organizaciones y colectivos profesionales, sindicales, juveniles, universitarios, empresariales y de consumidores y, por supuesto, por todos los grupos parlamentarios.
"Dado el gran calado de los cambios, proponemos lo que dimos en su día: un debate abierto a todos"
El resultado fue una ley alabada por su carácter ambicioso y renovador en muchos ámbitos, que incluyen desde la definición de la función social de la vivienda hasta el marco de las políticas públicas que deben mejorar el acceso a este derecho constitucional, pasando por la rehabilitación, la intermediación, la regulación de los apartamentos turísticos, los límites a la segregación espacial, la planificación sectorial territorial, la adjudicación de la vivienda protegida y muchos otros aspectos que en conjunto respondían a nuestra intención de coger el toro por los cuernos ante el problema que la ciudadanía percibía como el más grave en esos años previos la crisis, así como poner fin a la pasividad interesada de los poderes públicos.
La combinación de la nueva legislación, las modificaciones en la ley de urbanismo y los sucesivos planes por el derecho a la vivienda empezó a dar sus resultados, consiguiendo que, a pesar del estallido de la burbuja inmobiliaria, se haya multiplicado la promoción de vivienda social, especialmente en alquiler, y se haya intensificado tanto la rehabilitación como la remodelación de barrios, así como que los nuevos planes urbanísticos locales generen un enorme stock de suelo preparado para la promoción de vivienda protegida. No podemos estar satisfechos de la situación, pues el camino por recorrer es todavía muy largo. Pero las bases para una auténtica política pública de vivienda existen ya y hoy son estudiadas en nuestras universidades y analizadas y debatidas en diversos foros.
En este contexto, la profunda crisis inmobiliaria y el cambio de una mayoría progresista a otra conservadora podrían aconsejar y legitimar cambios en cualquier ley, también en ésta, aunque probablemente los cambios debieran hacerse más a través de los reglamentos de desarrollo que en la propia ley. Por ejemplo, ya el anterior Gobierno congeló la modalidad de vivienda concertada catalana, por estar en muchos casos su precio por encima de los de mercado. Sin embargo, la propuesta de la llamada formalmente Ley de Simplificación, Agilidad y Reestructuración Administrativa y de Promoción de la Actividad Económica -popularmente ley ómnibus- incluye nada menos que 27 modificaciones y supresiones de artículos de la Ley del Derecho a la Vivienda, acompañadas de muchas otras de la ley de urbanismo. Estos cambios se refieren mayoritariamente a aspectos clave de la ley, poco o nada relacionados con la pretendida simplificación administrativa.
Nos preocupan especialmente disposiciones que favorecerían los riesgos siguientes: reducciones en las reservas de suelo para promover vivienda asequible, adjudicación libre -y por tanto con más que probable dinero negro- de pisos protegidos por parte de promotores privados, mayor segregación espacial de las clases menos favorecidas, pérdida de control público sobre los apartamentos turísticos, abandono de la consecución de un parque estable y prestigiado de vivienda protegida, facilidades formales y temporales a la descalificación de la vivienda protegida, desatención a la rehabilitación como sector clave en la salida de la crisis, reducción de la vivienda dotacional y las reservas para colectivos vulnerables, desactivación de la planificación sectorial, etcétera.
Como se ve, temas todos ellos de gran calado para los cuales proponemos al Gobierno catalán ofrecer lo que nosotros ofrecimos en su día, un debate abierto a todos: desde los sectores económicos interesados de mayor o menor poder o los profesionales afectados hasta los indignados de cualquier condición que llenan no sólo la plaza de Catalunya, sino también las listas del INEM o de los ERE y, cada día más, las de impagos de las hipotecas o los alquileres. No podemos volver a cometer los errores del pasado, que dificultaron el ejercicio del derecho a la vivienda y que, tras el estallido de la burbuja, han dejado cinco millones de parados y un país al borde del precipicio. Por favor, debatamos y luego, haya o no acuerdo, que la nueva mayoría decida.
Dolors Clavell es abogada especialista en política de vivienda y fue diputada relatora de la Ley del Derecho a la Vivienda. Ricard Fernández es economista y fue secretario de Vivienda entre 2004 y 2006.
