La libretita de Montull
El pasado 23 de julio, el juez Juli Solaz firmó la orden para que los Mossos d'Esquadra se incautaran de documentos contables del Palau de la Música. Posteriormente y durante varias semanas, las familias Millet y Mollet, en diversos grados de parentesco, entraron y salieron del coliseo diseñado por Domènech i Montaner tantas veces como creyeron oportuno, con papeles y sin ellos. Como quisieron. Incluso un bedel fue sorprendido por las cámaras llevándose documentación "personal" de Jordi Montull. Lo hacía por orden de autoridad saqueadora. Hoy por hoy, los principales imputados siguen con sus pasaportes y en casa, pese a que el expolio asciende a 35,6 millones de euros de dinero público y privado.
La lentitud de la justicia en el 'caso Palau' hace recomendable crear una comisión parlamentaria
Está a punto de cumplirse un año de la entrada policial en el templo modernista y cada día se conocen más detalles del saqueo. Es la prensa la que lo publica. El juez prosigue su laboriosa y, sin duda, eficaz investigación a un ritmo perfectamente evidente pero no criticable, al menos por sus compañeros. Por comentar ese laxo concepto de tempus de Juli Solaz, dos jueces de la Audiencia de Barcelona tienen abiertos sendos expedientes disciplinarios. Es el diligente Consejo General del Poder Judicial el que así lo ha decidido. Por su actuación, el órgano de gobierno de los jueces debe de considerar insuficiente el grado de alarma social que genera tal lentitud procesal, porque hasta ahora se ha limitado a acallar a los colegas críticos. La disciplina interna prima sobre la preocupación por aproximarse a la inquietud de una sociedad que vive el contraste entre la dureza de la crisis y la permisividad para con la corrupción lacerante.
En este contexto, y dada la lentitud de la justicia en el caso Palau, tal vez una comisión parlamentaria permitiría conocer más detalles del caso, pues si la prensa lo logra, ¿por qué no pueden hacerlo los representantes de la soberanía popular? La hemeroteca hace justicia al PP, que fue el primer partido en pedir esta comisión sin resultados. Hace unos días, Iniciativa se sumó al grupo de quienes esperan lograr explicaciones en sede parlamentaria, mientras que Esquerra aguardará unos días y el PSC se debate entre dar o no el paso. Dentro del Gobierno catalán de izquierdas hay quienes piensan que abrir la caja de los truenos del Palau proyectará sombras de sospecha sobre todos los políticos. A la espera, lo inevitable es que resuciten viejos fantasmas. El primero, el del 3% de comisión en obra pública, enunciado en su día por el presidente Maragall y que quedó en vía muerta, ante la amenaza de CiU de boicotear el proceso estatutario. El segundo, la generosidad del primer tripartito, que, en la auditoría de gestión de los últimos Gobiernos de CiU, no incluyó la licitación de obra pública. Un ejemplo de corazón misericordioso a la vista de lo que acontece.
En el caso Palau y a tenor de algunas de las anotaciones manuales, tal como ha publicado EL PAÍS esta semana, la no creación de la comisión quizá haría más alargada la sombra de un sindicato de partidos dispuesto a taparse las vergüenzas mutuas.
"Es preciso que asuman responsabilidades y están dejando pasar la oportunidad de conocer la verdad", sentenciaba contundente el pasado mes de enero el portavoz de CiU, Oriol Pujol, para pedir una comisión parlamentaria. No era la del Palau: se trataba de la del incendio de Horta de Sant Joan. Y en ese caso sí que la justicia estaba y está funcionando a buen ritmo, sin dejarse arrastrar por los cantos de sirena del poder, ya sea económico o político.
Pues bien, los paladines de la verdad tienen ahora la oportunidad de volver a medirse contra la iniquidad, aunque, de momento, no parece que estén por la labor. Hace tres días, Artur Mas aseguraba que los documentos sobre el Palau publicados son "anotaciones en una libretita que no demuestran absolutamente nada".
En la libretita salen cifras, decenas de miles de euros, que la constructora Ferrovial -a la que CiU había concedido la construcción de la L9 y la Ciudad de la Justicia- hacía supuestamente llegar al Palau y que luego se distribuirían entre la entonces Fundación Ramon Trias Fargas y tres empresas que se dedicaban, entre otras nobles actividades, a las campañas electorales de CiU. De momento y ante el juez, las empresas Newletter y Letter Graphic no han conseguido acreditar qué trabajos hicieron para el coliseo que se hallaba bajo la batuta de Millet, y por los que cobraron unos dos millones de euros. Los trabajadores del Palau aseguran que esas firmas electorales jamás hicieron nada para ellos. ¿Y si lo que cuenta la célebre libretita de Montull no fuera un cuento?
