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Mas modifica la renta mínima sin escuchar a su consejo asesor

La oposición cree que los cambios en la RMI se hacen para extender los recortes

Los consejos asesores de los Gobiernos tienen, entre sus muchas funciones, una que es incómoda: criticar la labor del Ejecutivo, decirle al emperador que está desnudo. También tienen ventajas: sus reclamaciones no son vinculantes y se pueden desechar. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, parece haber optado por soslayar a sus consejos asesores, que desde que se constituyeron han alzado la voz contra su política de recortes. El último caso se dio en la modificación de la renta mínima de inserción (RMI), que ha levantado polvareda entre beneficiarios, entidades sociales, y Ayuntamientos. El Gobierno aprobó cambios en la RMI sin contar con el Consejo Asesor de Políticas Sociales. Cuando el consejo se reunió con el consejero de Bienestar, Josep Lluís Cleries, para, entre otras cosas, plantear modificaciones en la RMI, estas ya estaban aprobadas en la ley de medidas fiscales y financieras.

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"Hace falta una reflexión profunda sobre este modelo, entre todos, y ver cómo lo adecuamos para tener la mejor salida", plantea Teresa Crespo, presidenta del Consejo Asesor de Políticas Sociales. Crespo acudió a la reunión del consejo en la que se habló de la RMI con los cambios ya consolidados. Entre otras variaciones, la modificación del método de pago, que ha retrasado el cobro de la renta y ha provocado más de un dolor de cabeza a la mayoría de los beneficiarios. "No hubo comunicación", lamenta Crespo.

Los miembros del consejo asesor expusieron a Cleries su visión sobre los cambios en la RMI. Según Crespo, el Gobierno "no ha calibrado suficientemente" la repercusión de sus cambios, especialmente el de la forma de pago, que ha dejado sin cobrar a las personas que se benefician de los 37.000 expedientes abiertos de RMI, a la espera de su cheque. "Estamos hablando de la gente más pobre; si no tienen esto, no tienen nada", recuerda Crespo.

La propuesta que el consejo asesor planteó a Cleries consiste en la reorientación de la RMI a su idea original: constituir una paga que ayude a las personas sin ningún tipo de trabajo mientras buscan un empleo, "Hay tres colectivos que ahora cobran esta ayuda: los que buscan trabajo y se quedaron sin prestación; los que no tienen nada, ya sea por cuestiones familiares, por drogas, o por infindad de cosas, y los que ya no cobran paro pero difícilmente encontrarán trabajo". Crespo propone diversificar las ayudas y acotar más los programas de inserción: "No puede ser que al lado de un ingeniero haya una persona que no sepa leer".

El consejero tomó nota de las reclamaciones, aunque toda decisión la debe consensuar con el Departamento de Empresa. Fuentes de la Generalitat apuntaron que los cambios incluidos en la ley de medidas fiscales y financieras ya van encaminados hacia la reforma que pide el consejo asesor, aunque las entidades sociales temen que tras el férreo control que la Generalitat ha impuesto a la RMI -se revisarán uno por uno los expedientes- exista la intención de recortar en las ayudas a los más desfavorecidos.

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También lo cree la oposición. El líder socialista en el Parlament, Joaquim Nadal. pidió ayer "responsabilidades" al Gobierno por "poner en riesgo a miles de familias catalanas". Dolors Camats, de Iniciativa, consideró "indecentes" las restricciones a las rentas mínimas. A las sospechas de la oposición contribuyó una carta, colgada en la intranet de la Generalitat, en la que se afirmaba que se denegarían todas las solicitudes de la RMI por falta de presupuesto. El Gobierno aseguró ayer que la misiva se colgó por error y que ningún beneficiario de la renta se quedará sin cobrar.

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