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El debate sobre el derecho a la vivienda

La morosidad en los alquileres se mantiene baja, entre el 1% y el 2%

Las agencias inmobiliarias crean productos para garantizar los pagos

Lluís Pellicer

Las agencias inmobiliarias están lanzando productos para garantizar que el inquilino sea expulsado en caso de impago. Son sobre todo seguros y contratos con tribunales arbitrales que permiten ejecutar desahucios en dos meses. El sector admite que la morosidad se mantiene baja, entre el 1% y el 2% de los contratos. Pese a que opinan que no hay inseguridad jurídica, reclaman tribunales especializados en vivienda para agilizar los trámites.

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Los empresarios están buscando fórmulas a medida para animar el mercado de alquiler. La Asociación Empresarial de Gestión Inmobiliaria, una de las tres grandes entidades de intermediación, asegura que las garantías con las que blindan los pagos de los alquileres han disparado la oferta de pisos en renta en un 30%.

Estas empresas añaden a los contratos una cláusula para que el propietario y el inquilino se sometan al arbitraje privado, permitido por ley pero criticado por las organizaciones de consumidores, que recelan del hecho de que sea una forma de desahucios rápidos sin garantías. Si la media desde que se acepta a trámite una demanda hasta que se dicta sentencia por desahucio es de seis meses en Barcelona y entre 15 y 18 meses en Madrid, con el arbitraje el moroso está en la calle en dos meses. En Cataluña hay 525 empresas adheridas a la Asociación Europea de Derecho y Equidad.

El sector está de acuerdo en que la Ley de Arrendamientos Urbanos no crea inseguridad jurídica. "Es un mito que hay que derribar. La ley fija un plazo de cinco años de contrato, muy razonable. La pega es la lentitud de la justicia, que podría solventarse con tribunales especializados y animaría más el mercado", explica el coordinador del Observatorio de la Vivienda del Consejo General del Notariado, José Ignacio Navas. Diversos empresarios consultados coinciden con él.

Los promotores de pisos en alquiler también son optimistas. La ley 23 / 2005 redujo el impuesto de sociedades al 5,25% para empresas patrimonialistas siempre que el 55% de sus ingresos se derivasen del arrendamiento de viviendas. "Esto permite que el negocio sea rentable, y está creando una bolsa de viviendas que saldrá en los próximos dos años. Si a los concursos municipales para pisos en alquiler se presentaban antes una o dos empresas, ahora hay entre 80 y 90", asegura el presidente de la Asociación Española de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler, Pedro Gamero.

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El debate sobre el alquiler forzoso en Cataluña también parece haber sido un revulsivo. A la mañana siguiente de que se aprobara el proyecto de ley del Derecho a la Vivienda llegaron de golpe a la bolsa de vivienda la Sociedad Pública de Alquiler, del Ministerio de Vivienda, 150 pisos de Cataluña, y eso que su cartera, de 2.400 pisos, aún es bastante reducida.

No obstante, la discusión para definir qué es una vivienda vacía sigue anclada. El censo del Instituto Nacional de Estadística indica que en la provincia de Barcelona hay unas 275.000 viviendas desocupadas. De cada 100 pisos de residencia habitual, 15 están vacíos. Es la quinta proporción más baja de España. Estudios del economista Ricardo Vergés y el sociólogo Jesús Leal demuestran que son muchas menos puesto que se registraron como vacías viviendas en las que no se pudo hallar a los ocupantes o que estaban en venta, por ejemplo.

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Sobre la firma

Lluís Pellicer
Es jefe de sección de Economía de EL PAÍS, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera. Ha sido corresponsal en Bruselas entre 2018 y 2021 y redactor de Economía en Barcelona, donde cubrió la crisis inmobiliaria de 2008. Licenciado en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona, ha cursado el programa de desarrollo directivo de IESE.

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