La nieta de Companys no se da por satisfecha con el informe de la fiscalía
La nieta de Companys y juristas e historiadores claman por la nulidad del juicio
La euforia que mostraron el jueves el presidente José Montilla y del consejero de Interior, Joan Saura, por el informe de la fiscalía que considera "nulo" el juicio a Lluís Companys no es compartida, ni de lejos, por la nieta del presidente de la Generalitat republicano asesinado en 1940, Maria Lluïsa Gally. "Esto es un informe técnico, no una declaración oficial", aclaró ayer Gally desde su residencia en México. Avanzó que la familia "está contenta porque cada vez hay más luz y se ha dado un paso adelante", aunque ilustró: "No queremos que se quede ahí". Gally exige un paso adelante de la Generalitat para lograr lo que quiere: una declaración oficial que repare la figura de su abuelo.
"La Generalitat me ha dicho que está muy contenta, pero yo les he dicho que no quiero que quede así, quiero que todo el mundo sepa oficialmente lo que le pasó a mi abuelo", pidió Gally. La nieta de Companys recibió la noticia de Saura, que le remitió el informe de la fiscalía. Gally le respondió que quiere un paso más. De momento, espera respuesta.La fiscalía quiso dar por cerrado el caso de la condena de muerte del presidente Companys declarando el juicio ilegítimo al acogerse a la Ley de la Memoria Histórica. Pero el asunto está lejos de quedar archivado. Lo dejó claro la nieta de Companys, Maria Lluïsa Gally: 'Quiero una declaración oficial que diga que mi abuelo fue secuestrado y asesinado cobardemente por ser el presidente de la Generalitat'. La nieta del que fuera presidente durante la República, fusilado el 15 de octubre de 1940, pide 'la dignificación de la figura de Companys', es decir, la nulidad de los dos juicios que lo condenaron a muerte. Juristas e historiadores relacionados con el Memorial Democrático, impulsado por el tripartito, en la misma línea que el ex fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, mostraron su decepción por la decisión adoptada por los fiscales de no apelar la condena ante el Supremo al alegar que la sentencia sólo la puede declarar nula un tribunal. La mayoría confesó, sin embargo, que no les sorprendía la resolución de los fiscales porque viene precedida de un problema político mal resuelto. Pero algo sí les dejó atónitos: que la mayoría de la clase política, salvo Esquerra, haya aplaudido el informe de la fiscalía. El tripartito pidió con solemnidad en octubre instar al ministerio público a presentar el recurso, ahora desestimado. Sin embargo, el presidente de la Generalitat, José Montilla, calificó esa decisión en positivo -'un hecho sin precedentes'- y el consejero de Interior, Joan Saura, de Iniciativa, de 'gran día para Cataluña'. ERC seguirá batallando. Joan Ridao, secretario general, lo comunicó el jueves a Montilla y Miquel Caminal, presidente de Memorial, la institución que planeó en otoño iniciar una campaña internacional en favor de la nulidad. La Comisión de la Dignidad debate las medidas que tomar. Su presidente, el jurista Josep Cruanyes, también asesor del Memorial, señaló que se plantean pedir al Supremo una confirmación de la nulidad de la sentencia y de los antecedentes penales de Companys. 'La prueba del algodón será si el Consejo del Poder Judicial incluye en su repertorio de sentencias la anulación del proceso', apuntó incrédulo, tras sentirse 'avergonzado' por las 'barbaridades jurídicas'. Cruanyes lamentó que el tripartito se haya conformado y vio inaceptable que la fiscalía no haya dado el paso quizá por miedo a un precedente: "Todo el mundo, sean tres o 3.000 personas, tiene derecho a la nulidad. Alemania dio miles de indemnizaciones a familiares víctimas de los nazis".
No fue el único que citó el ejemplo alemán. El historiador y catedrático Joan B. Culla, miembro también de la junta de gobierno del Memorial, explicó que una nulidad se puede conseguir de dos formas: a través de una ley, como hizo el Bundestag declarando nulos todos los juicios durante el nazismo o bien a través de un tribunal. "La ley de la Memoria Histórica sólo considera ilegítimos los juicios franquistas. No los anula, por lo que lo tiene que hacer un tribunal. La fiscalía ha hecho un juego de manos para ocultar la realidad", dijo Culla, "atónito" ante la reacción de parte del tripartito. "Si todo estaba ya estipulado en la ley, ¿por qué han perdido tanto tiempo en pedir la revisión y buscar certificados?".
El historiador Borja de Riquer abundó que la Ley de la Memoria debía de haber incorporado la nulidad. "Se perdió una oportunidad al dejarlo para la vía judicial", apuntó De Riquer, que recordó que por eso no prosperó la nulidad del caso de Puig Antich. Josep Fontana, catedrático de Historia Económica, afirmó: "El de Companys no fue un proceso más y es de una gravedad especial. Puedo entender que ahora hay problemas más graves e inminentes pero reparar el crimen merece algo más que una solución formal, como la ley que anulaba el proceso".
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