Un nuevo episodio de corrupción se suma al 'caso Pretoria'

Una investigación de la Guardia Civil ha desvelado que la red de corrupción urbanística del caso Pretoria, destapada en 2009, presuntamente cobró también comisiones ilegales por una recalificación urbanística vinculada a una masía modernista de Sant Andreu de Llavaneres (Maresme). El informe de la Guardia Civil, que se ha enviado a la Audiencia Nacional para que se una al caso Pretoria, implica en las supuestas comisiones al ex coordinador del Plan Metropolitano de Barcelona Genís Carbó y al presunto cerebro de la trama, el ex diputado socialista Luis García.

El nuevo informe es resultado de una denuncia que presentó ante la fiscalía el grupo municipal SOS Llavaneres por el convenio urbanístico de la masía modernista La Bodega, con el que la empresa Cortijosa supuestamente consiguió pingües beneficios gracias a una reordenación territorial aprobada por el Consistorio.

Promoelit la compró por 1,4 millones y la vendió un año después por 3,6

La operación urbanística parte de la compra de la finca que ocupa la citada masía, que la empresa local Promoelit adquirió en 2004 por 1,4 millones de euros y un año después vendió a Cortijosa por 3,6 millones. Esa empresa, según consta en la denuncia, comparte administradores con Niesma Corporación, la sociedad liderada por Luis García que está detrás de una de las principales operaciones investigadas por Pretoria.

Posteriormente, el Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres, gobernado por una coalición del PP y el PSC, firmó un convenio urbanístico con Cortijosa por el que le compraba el edificio modernista a cambio de cederle 6.700 metros cuadrados para la construcción de viviendas, lo que obligó al Consistorio a aprobar una reordenación territorial. Gracias a esa permuta, Cortijosa pudo conseguir unos terrenos que tenían un valor de mercado ocho veces superior al de la masía modernista, según la valoración de los denunciantes.

El rastro de unos cheques relacionados con las transacciones económicas de la operación de compraventa ha puesto al descubierto que Carbó cobró supuestamente comisiones de la empresa Cortijosa, presumiblemente por haber influido para favorecer las recalificaciones urbanísticas que permitieron esa permuta. El informe apunta que esas comisiones fueron cobradas por el imputado, arquitecto de profesión y entre 1996 y 2004 jefe de Planificación Territorial del Departamento de Política Territorial de la Generalitat, a través de unas empresas de su propiedad que no tenían ninguna actividad real, excepto los presuntos cobros ilegales.