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Las quiebras de constructoras dejan en el aire obras municipales

La recesión frena pisos sociales y varios equipamientos del área metropolitana

Lluís Pellicer

Las grúas están paradas. No sólo en edificios de viviendas, sino también en obras públicas de equipamientos, plazas, mercados y escuelas. Las quiebras y los concursos de acreedores de constructoras están dejando en el aire multitud de obras del área metropolitana de Barcelona, muchas de las cuales deberían estar ya terminadas. Y esto sucede a pesar del aumento de la licitación de obras por parte de los ayuntamientos, del 30%. Un incremento que se mantendrá por la inyección de dinero del Fondo Estatal de Inversión Local.

El Ejecutivo catalán ha planteado la construcción de pisos de protegidos como un antídoto contra la crisis. Pero algunas obras quedan encalladas porque su construcción está vinculada a otras promociones de vivienda libre. Es el caso de 108 pisos sociales del Mas Lluí, en Sant Just Desvern. Las viviendas están adjudicadas desde hace un año y los trabajos de urbanización de la zona, previos a la promoción, debían haber empezado en septiembre. No lo hicieron. Un portavoz del Ayuntamiento explica que el proyecto quedó encallado porque los promotores privados no disponían de dinero para urbanizar los terrenos, aunque el Consistorio confía en que las obras empiecen pronto, después de conversaciones con los promotores.

108 pisos públicos adjudicados hace un año en Sant Just siguen parados
Las obras no se vuelven a licitar hasta que se declara el concurso

Algo parecido ha ocurrido con la plaza, el aparcamiento y la promoción de 42 viviendas que debían ocupar el solar del barrio de Hostafrancs de Barcelona donde se ubicaba la histórica fábrica Hamsa. La constructora SEOP, del grupo Silver Eagle, pidió el concurso de acreedores y abandonó las obras, que siguen sin arrancar. Fuentes del distrito de Sants-Montjuïc aseguran que empezarán en marzo, pero la promotora Inbesòs, que lidera el proyecto, no lo tiene tan claro. Una portavoz explica que primero valorarán la situación del mercado, y que luego decidirán.

El presidente de la Cámara Oficial de Contratistas, Rafael Romero, afirma que los ayuntamientos están haciendo los deberes. Aun así, admite que algunos proyectos quedan en punto muerto, sobre todo desarrollos urbanísticos. En Calella (Maresme), el Consistorio ha aplazado un proyecto para construir pisos de mercado libre en la zona del mercado municipal y sufragar, a través de esta operación, la construcción de un aparcamiento de dos plantas.

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El concejal de Urbanismo de Calella, Josep Torres, explica que el Consistorio tratará de promover pisos de régimen concertado catalán, una nueva modalidad que se acerca al mercado libre pero con ayudas públicas. Si sale adelante, el Ayuntamiento podría pagar parte del aparcamiento. Calella tiene otros dos desarrollos pendientes, aunque Torres asegura que el planeamiento seguirá adelante. También Sitges está en una situación similar. Según fuentes del mercado, cerca del campo de fútbol de Aiguadolç debía haber un desarrollo urbanístico aplazado por las inclemencias de la crisis.

La mayor parte de la obra detenida se debe a concursos de acreedores de las constructoras adjudicatarias. La escuela Montserrat de Sant Just Desvern ha tenido que retrasar su inauguración varias veces porque las dos empresas encargadas de las obras entraron en concurso. También la escuela de música de Sant Cugat del Vallès está parada porque Construcciones Juanes presentó el concurso. Un portavoz del Ayuntamiento explica que se volverá a licitar el contrato, pero puntualiza que hasta que la empresa no se declara en quiebra no se puede rescindir y licitar de nuevo la obra.

El concurso de la constructora Edisan ha puesto en jaque la reforma del mercado del barrio de Fondo de Santa Coloma de Gramenet. Fuentes del Ayuntamiento explicaron que para volver a licitar la obra deberán esperar a que se resuelva el procedimiento judicial en marcha. En Ripollet, ha sucedido lo mismo con la construcción de un centro para mayores y con un aparcamiento. El Ayuntamiento prevé que ambas obras se adjudiquen en breve.

Capital para proyectos locales

Los ayuntamientos licitaron hasta octubre del año pasado 1.758 millones de euros, el 30% más que en el mismo periodo de 2007, según la Cámara Oficial de Contratistas de Cataluña. Esta cifra, a juicio del presidente de la entidad, Rafael Romero, demuestra que están tratando de dar actividad a las empresas. Pero ahora uno de los mayores alicientes para las constructoras es el Fondo Estatal de Inversión Local.

El presidente de la Diputación de Barcelona, Antoni Fogué, se ha ido reuniendo a lo largo de las últimas semanas con constructores y contratistas para que acudan a los concursos que realizarán los consistorios para adjudicar los proyectos que han presentado al fondo.

La entidad ha asesorado a 112 ayuntamientos para tramitar 327 proyectos que suponen una inversión de 54 millones de euros. La mayoría de estos proyectos son de rehabilitación y mejora de espacios públicos (31,5%), equipamientos e infraestructuras de servicios básicos (31,5%) y edificios culturales, educativos o deportivos (15%).

El Ministerio de Administraciones Públicas, por su parte, sigue aprobando los proyectos que han presentado los ayuntamientos. El pasado viernes daba luz verde, por ejemplo, a las obras de reforma del centro cívico de Sant Agustí de Barcelona; la mejora de las cubiertas y cerramientos de varios centros educativos de la capital catalana, por cinco millones de euros; la ampliación de la red de fibra óptica del ayuntamiento, por tres millones, y un vial hasta la cima del Tibidabo, por 4,4 millones.

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Sobre la firma

Lluís Pellicer
Es jefe de sección de Economía de EL PAÍS, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera. Ha sido corresponsal en Bruselas entre 2018 y 2021 y redactor de Economía en Barcelona, donde cubrió la crisis inmobiliaria de 2008. Licenciado en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona, ha cursado el programa de desarrollo directivo de IESE.

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