Los 130 dueños del tesoro de Odyssey

Miles de descendientes de los propietarios de la carga de oro y plata que se hundió con la fragata La Mercedes podrían reclamar sus derechos sobre este tesoro, hallado por la empresa estadounidense Odyssey Marine Exploration en mayo de 2007.

Documentos depositados en el Archivo de Indias (Sevilla), a los que ha tenido acceso EL PAÍS, prueban que gran parte de la carga (697.621 pesos) del barco pertenecía a unos 130 mercaderes españoles. El resto (253.606 pesos) era dinero de la Corona.

La lista de los 130 propietarios da un vuelco al caso que mantiene enfrentados a Odyssey y al Gobierno español desde hace más de un año porque multiplica el número de posibles reclamantes. Los descendientes directos de aquellos mercaderes se podrían unir así como reclamantes al Estado español, que asegura haber sufrido un expolio de una fragata de guerra española, a Odyssey, que encontró el tesoro; y a Perú, que alega que el oro y la plata salieron de sus minas. El juez Mark Pizzo, que lleva el caso en Tampa (Florida), tendrá que decidir en los próximos meses qué derechos prevalecen.

La fascinante historia de La Mercedes se encuentra en varias fuentes bibliográficas. El capitán de navío de la Armada Española, Cesáreo Fernández Duro (1830-1908), narró el suceso a partir de los diarios de a bordo. El barco sale de El Ferrol en 1802 hacia las Indias con la orden dispuesta por el ministro de Marina, Domingo de Grandallana, de traer los caudales de la Real Hacienda que hubiese en América. El barco está en Lima en marzo de 1804. Los legajos Lima 648, Lima 1440 y Lima 1535, todos ellos en el Archivo de Indias, dan cuenta exacta de la carga que fue registrada en el buque destinada a "Su Majestad el Rey", por entonces Carlos IV. Exactamente 253.606 pesos en distintas monedas de plata y oro y para distintos fines; "mesadas eclesiásticas", "préstamo patriótico", "por donativo para la pasada guerra" y "a disposición del Exmo. Ministro de Hacienda".

La otra parte que se transporta en el barco pertenece a "los particulares", según aparece en los registros de aduana. Son 187 páginas del legajo Lima 648, donde se documenta cómo durante marzo de 1804 los mercaderes depositan su fortuna personal y otros enseres. Todos los documentos, escritos en letra de imprenta, empiezan igual y van firmados por el maestre del barco, Vicente Antonio Amurrieta: "Sírvase V. mandar se forme partida de Registro a D. Juan González para cargar en la fragata de S.M. nombrada Mercedes, de la que soy Maestre, y se halla próxima a regresar al Puerto de Cádiz, con registro de Oro, Plata y Frutos de las especies siguientes". Idéntico registro, con otros nombres, aparece en cada una de las 187 páginas. Algunos de los mercaderes depositan oro y plata en más de una ocasión. Unos meten cantidades de 200 pesos, otros de 7.000. Los caudales pasan a estar en algunos casos bajo la custodia de algunos miembros de la tripulación. Los documentos también incluyen los nombres de los destinatarios que tendrían que recibir el dinero en Cádiz. Así se va configurando la lista hasta alcanzar la cifra de 130 mercaderes y 697.014 pesos, además de otros artículos ("Cueros de leones y lobos marinos, pieles de guanaco, perfumes, docenas de chinchilla..."). La lista elaborada por EL PAÍS a partir de esos documentos ha de considerarse incompleta, pues en ellas no aparecen, por ejemplo, las cantidades que llevaban algunos militares y otros miembros de la tripulación.

La Mercedes parte meses después con algunos de esos mercaderes a bordo. Le acompañan otras fragatas de guerra (La Clara, La Medea y La Fama) y un grupo de cuatro fragatas de comercio (El Castor, La Joaquina, El Astigarraga, La Dos Amigas). Comanda la flota don José de Bustamante y Guerra, un marino con mucha mar. El 5 de octubre de 1804, a las ocho de la mañana y cuando la escuadra está muy cerca de Cádiz, frente al cabo de Santa María, La Clara hace señal de cuatro velas indicando al resto de la flota la aparición de fragatas inglesas en el mismo rumbo.

España está en paz con Inglaterra pero, aun así, la flota del comodoro Graham Moore ataca a los españoles. La Mercedes saltó en pedazos a los pocos minutos de combate y el mar se tragó el oro, la plata y las 249 personas que viajaban en el buque. España declaró la guerra al Reino Unido el 14 de diciembre de 1804 con motivo de este suceso, que se considera la antesala de la batalla de Trafalgar que tuvo lugar el año siguiente.

Dos siglos después, una empresa estadounidense llamada Odyssey Marine Exploration, especializada en la búsqueda de pecios submarinos, anuncia el hallazgo de un tesoro de 500.000 monedas de oro y plata, con un peso de 17 toneladas. Desde el primer momento, España sospechó que se trataba de La Mercedes y Odyssey confirmó recientemente que ésta es la hipótesis más probable, aunque asegura que aún no hay pruebas suficientes para determinar la identidad del barco. Si los descendientes de aquellos mercaderes pueden reclamar o no es algo que tendrán que decidir el juez. Odyssey y España defienden dos posturas opuestas. La empresa considera que los descendientes tienen derecho a reclamar, aunque se reserva una recompensa de entre el 80% y el 90% del valor actual de la carga por haber rescatado el tesoro. España sostiene que La Mercedes era un buque de guerra, patrimonio exclusivo del Estado y, por tanto, expoliado por Odyssey.

Si el juez determina que España tiene razón, que el tesoro pertenece a La Mercedes, y que el Estado es soberano, entonces los descendientes tendrían que reclamar ante los tribunales españoles y sus demandas tendrían que sustentarse en leyes que jamás plantearon la posibilidad de que los herederos hiciesen valer sus derechos sobre algo perdido 200 años antes en el fondo del mar. El abogado que defiende los intereses de España en Estados Unidos declaró el pasado mayo que ese hundimiento "fue un acontecimiento en la historia mundial y en la de España equivalente a lo que sucedió en la batalla de Pearl Harbor", que precipitó la participación activa de Estados Unidos en la II Guerra Mundial.

Todos los ojos se vuelven ahora hacia el juez Pizzo, que tendrá que pronunciarse a finales de este año sobre quién es el dueño de las 500.000 monedas de plata y oro. Si puede, ya que en sus manos tiene un proceso enrevesado, plagado de lagunas legales, que podría prolongarse durante años.