Batalla legal en México por la propiedad de los terrenos de Chichén Itzá

La propiedad del terreno que alberga el sitio arqueológico maya de Chichén Itzá, cuya pirámide al dios Kukulkan es ahora una de las nuevas siete maravillas del mundo, es fuente de controversia en México por estar en manos de particulares. La zona de las ruinas, en el estado mexicano de Yucatán (sureste), tiene 15 kilómetros cuadrados, y es propiedad de seis particulares y tres comunidades indígenas.

Diversas voces han considerado en los medios la posibilidad de que el Gobierno de México expropie los terrenos, aunque las ruinas arqueológicas ya son propiedad nacional.

El director del Instituto Nacional de Arqueología e Historia (INAH), Alfonso de Maria y Campos, afirmó esta semana que "la expropiación puede ser una posibilidad", pero que se barajan otras opciones, como el intercambio de terrenos. Mencionó también que las autoridades ofrecieron en septiembre de 2006 unos ocho millones de pesos (726.000 dólares, 530.000 euros) por los terrenos y no recibieron respuesta.

1,2 millones de turistas

"Se ha hablado de la venta, pero no es una de las avenidas con mayor futuro ni para la zona arqueológica, ni para mí, ni para el Gobierno federal", ha declarado el propietario de la mayoría de las tierras, Hans Thies Barbachano. Las 59,7 hectáreas que posee le fueron legadas por su abuelo Fernando Barbachano, fallecido en diciembre de 2006, cuya familia las compró a mediados del siglo pasado a los herederos del arqueólogo y diplomático estadounidense Edward Thompson.

Thies Barbachano ha negado que pida 750 millones de pesos (68 millones de dólares, 50 millones de euros) por el terreno, como se publicó en la prensa. El heredero calificó su relación con el Gobierno mexicano de "productiva", y consideró la expropiación "un camino innecesario". El abogado Thies Barbachano, Gabriel Abdalá, arguementa que "no veo sentido a expropiar porque no es una causa de interés público". Su premisa es que las ruinas pertenecen al Gobierno federal y el INAH ya tiene la potestad sobre su conservación y custodia, así como del cobro del acceso.

La otra batalla del letrado es la exigencia al gobierno local de Yucatán del pago de los beneficios que éste ha obtenido con la venta de entradas a la zona arqueológica. Anualmente visitan Chichén Itzá 1,2 millones de turistas, según el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), pero la categoría de maravilla mundial podría duplicar esa cifra en cinco años.

Cada visitante deja de promedio 18 dólares (13 euros), según el gobierno de Yucatán, que recibe la mitad de esa cantidad.