El CGPJ avala que la Audiencia cierre 'webs'

Primer espaldarazo a la ofensiva legislativa que prepara el Gobierno para frenar las descargas no autorizadas en Internet. La comisión de estudios e informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha avalado el artículo de la Ley de Economía Sostenible (LES) que deja en manos de la Audiencia Nacional la competencia para decidir sobre el cierre de páginas web que vulneren los derechos de propiedad intelectual.

Se trata del primer órgano consultivo que da su respaldo al Gobierno como la conocida popularmente como ley antidescargas, que confiere a los juzgados de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional la nueva competencia de autorizar o no la ejecución material de las resoluciones de la Comisión de Propiedad Intelectual (CPI) para cerrar páginas web o archivos protegidos por derechos de autor como películas, música o videojuegos que no tengan la autorización de sus propietarios.

El informe, que debe ser respaldado ahora por el pleno del CGPJ, sólo se centra en el aspecto competencial, sin entrar en otros aspectos de la ley como la idoneidad del procedimiento previo administrativo. "Naturalmente, en tanto la intervención de que se trata lo es en relación a una previa actuación y resolución emanada de un órgano administrativo, no cabe duda de que deben ser los órganos del orden contencioso-admnistrativo los competentes para el conocimiento de estos asuntos", indica el informe.

Posible colapso

No obstante, el informe advierte de que esta nueva competencia sature de trabajo los juzgados de lo contencioso-administrativo, y pide que se amplíe el personal y los recursos de los mismos para evitar un colapso.

El texto se queja de que el Gobierno no haya hecho una estimación del número de casos que se tramitarán, con el fin de prevenir los medios necesarios para su resolución.

Estos juzgados deberán resolver las denuncias de la Comisión de Propiedad Intelectual en el plazo improrrogable de cuatro días y tras oír a las partes interesadas.

El informe debe ser también informado por una veintena de órganos consultivos como el Consejo de Estado, la Comisión Nacional de la Administración Local, la del Mercado de las Telecomunicaciones o el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones, entre otros.