Unas semanas antes de que la Ley de Economía Sostenible (LES) empiece a ser debatida en el Congreso, el asunto se ha tratado hoy en el pleno de la Cámara. El PP, con una interpelación, ha tratado de forzar a la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, a aclarar en la tribuna si suspenderá o no las páginas web de descargas sin autorización judicial. Sinde, interpelada por el portavoz del PP, José María Lassalle, ha evitado en todo momento entrar a ese trapo.

La ministra sólo ha garantizado una cosa: "ningún ciudadano será desconectado de la Red sin intervención judicial". Esto es, no se apostará por el modelo francés de tres avisos. Pero cuando le ha tocado mojarse sobre el cierre -o suspensión de páginas de descargas- la ministra ha aclarado que está abierta al debate y que, por tanto, en su paso por el Congreso la ley sufrirá modificaciones por las negociaciones entre los grupos. El Gobierno no tiene mayoría absoluta, por lo que prácticamente todas las leyes son modificadas al pasar por las Cortes.

González-Sinde ha planteado un discurso moderado, de defensa de los blogs y su aportación al debate y al conocimiento, pero también del derecho de los autores a vivir de su trabajo. "Recortar derechos es incompatible con la trayectoria de este Gobierno", ha sentenciado.

Lassalle también ha desarrollado un discurso moderado, lejos de la subida de tono del PP con este asunto, en el que ha defendido que cualquier cierre se haga con autorización judicial pero también se ha quejado de las cifras de la piratería en España. "La vulneración masiva de la propiedad intelectual en España", ha explicado, nos coloca a la altura de "Bielorrusia o Uzbekistan". Para Lassalle, esto debería ser "una cuestión de Estado".

Contradicciones en el PP

La ministra ha criticado que mientras el PP pide ahora la autorización judicial, pero en el Parlamento Europeo, cuando se aprobó la directiva que permite cerrar webs de descargas sin esa autorización, el popular Alejo Vidal Quadras dijo: "El acuerdo es bueno. No se podrá cerrar webs sin escuchar a los afectados, y después se hará, aunque sea a nivel administrativo". El debate ha dejado claro en cualquier caso que la fórmula definitiva no está cerrada, aunque también mostró que ambos partidos creen que hay que encontrar una fórmula para luchar contra la piratería en España, que bate récords mundiales.