Gran golpe al expolio arqueológico

Una gran operación contra el expolio arqueológico en Andalucía y Extremadura ha concluido con la detención de 52 personas y la intervención de 300.000 piezas de origen fenicio, ibérico, romano, visigodo y árabe. La Guardia Civil hizo públicos ayer en Sevilla los detalles de la Operación Tertis (bautizada así en recuerdo de una colonia fenicia del año 1100 antes de Cristo situada en el valle del Guadalquivir).

Un total de 31 yacimientos de Sevilla (14), Badajoz (11), Cádiz (3), Málaga (1), Huelva (1) y Jaén (1) fueron objeto del saqueo de los detenidos, entre los que figuran 30 expoliadores, 13 intermediarios en la venta de piezas y 9 coleccionistas. Un portavoz de la Guardia Civil señaló que los detenidos pertenecían a "18 o 20 grupos" con relaciones entre sí.

"Entre los coleccionistas hay médicos y empresarios de Sevilla, Barcelona y Madrid", dijo el portavoz del instituto armado, que no quiso valorar el importe total de las piezas. "Una de las piezas intervenidas se comercializaba por 40.000 euros. La valoración total depende de la oferta y la demanda. Cuando hablamos de obras de arte y restos arqueológicos no se puede hacer una valoración económica", recalcó el portavoz. La Guardia Civil, que no precisó cuáles eran las piezas más destacadas, mostró las intervenidas en un registro (monedas, ánforas, fustes de columnas...). Varios arqueólogos realizan ahora la valoración de lo intervenido.

Más de 200 agentes participaron en la operación. Algunos de los detenidos fueron sorprendidos cuando intentaban retirar las piezas de sus domicilios tras ser avisados por otros implicados. La Guardia Civil ha llevado a cabo la operación en Sevilla, Huelva, Cádiz, Granada, Jaén, Córdoba, Madrid, Barcelona y Zamora.

El instituto armado comenzó su investigación tras analizar la documentación intervenida en la Operación Bahía, que se desarrolló entre febrero y abril de 2005. La Operación Bahía concluyó con la detención de 10 personas y el desmantelamiento de una organización dedicada a expoliar yacimientos arqueológicos subacuáticos de la costa de Cádiz.

Los detenidos aprovechaban la noche para perpetrar su saqueo, "en algunas ocasiones durante días consecutivos". Utilizaban "sofisticados detectores de metales, planos cartográficos, manuales de excavación y otros útiles", según el instituto armado. A veces contaban con la colaboración de guardas de las fincas donde están enclavados los yacimientos. Los guardas les permitían el paso a estos lugares y, además, les avisaban de "la presencia de vehículos desconocidos en los alrededores".

Los participantes en el saqueo arqueológico tenían incluso en cuenta la temporada de caza. De esta forma, no realizaban su tarea por zonas donde pudiera haber patrullas de la Guardia Civil dedicadas a la vigilancia cinegética.

"Los expoliadores vivían de esta práctica. Algunos de ellos cobraban el subsidio de desempleo o estaban de baja laboral", indicó el portavoz de la Guardia Civil. Los expoliadores vendían los objetos de mayor importancia a intermediarios (entre ellos, comerciantes de numismática) que, a su vez, se los proporcionaban a coleccionistas de Madrid, Barcelona, Cádiz y Sevilla. Precisamente, en Sevilla era donde este comercio tenía un importante enclave. Las callejuelas que desembocan en la plaza del Cabildo y los coches aparcados en sus alrededores servían de escenario a la mayor parte de las transacciones de piezas numismáticas.

A veces, los coleccionistas recibían las piezas por paquetería postal. Algunos de los expoliadores también falsificaban piezas similares a las procedentes de su saqueo. "En uno de los registros se han encontrado moldes para la falsificación de monedas", comentó el portavoz del instituto armado. Posteriormente, los falsificadores vendían estas piezas a "incautos o profanos en la materia", señala la Guardia Civil.

Uno de los detenidos mantenía contacto con los coleccionistas extranjeros. La Guardia Civil interceptó en Ayamonte (Huelva) restos arqueológicos que los expoliadores pretendían enviar a Bélgica a través del aeropuerto de Faro (Portugal).

La dirección de las investigaciones fue impulsada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Marchena (Sevilla) y por el fiscal coordinador de Medio Ambiente y Patrimonio Histórico del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La investigación contó con el asesoramiento de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, cuyos arqueólogos elaboraron informes técnicos de las zonas expoliadas.Una de las piezas intervenidas se comercializaba por 40.000 euros