Mucho más que seis millones
Cuando era consejero de Cultura, el popular Esteban González Pons redactó una ley valenciana del patrimonio con la que, en palabras suyas, el Teatro Romano "casi no habría tenido problemas de legalidad". El Supremo ha rechazado aplicar esa ley al caso de Sagunto porque es posterior a una sentencia cuya ejecución costaría seis millones de euros, según la Generalitat, cifra que la oposición socialista eleva a 10 millones. Para Sagunto, donde se ha convocado una protesta el próximo martes, el coste es difícil de calcular.
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