El procedimiento para bloquear páginas web que alojen o faciliten sin permiso la descarga de archivos sujetos a derechos de autor que ha elegido el Gobierno ha desatado una nueva oleada de reacciones de distinto signo, aunque menos airadas en general que cuando se desveló que la disposición final de la Ley de Economía Sostenible contenía una normativa antidescargas. El modelo permitirá el bloqueo de las páginas o la retirada de contenidos ilícitos por un procedimiento rápido -menos de un mes- a propuesta de la Comisión de la Propiedad Intelectual, pero con autorización judicial previa.

Desde el Ministerio de Cultura, se ha confirmado que, salvo imprevisto de última hora, el tema será abordado en la reunión del Consejo de Ministros del próximo día 8.

Para la Coalición de Creadores, que agrupa a la industria cultural y audiovisual, aunque no conocen el proyecto, se trata de un paso en el sentido en el que el Gobierno les había informado que tiene como fin último defender los derechos de propiedad intelectual. "La Coalición no tiene confirmación de ese procedimiento, pero va en la línea del diálogo que mantuvimos con el Gobierno. Lo que nosotros pretendemos es que haya un proceso muy garantista para con las páginas web y nos parece óptimo que exista esa garantía judicial. Respecto a los plazos, lo que no puede ser es lo que pasa ahora: crerar una página web ilegal cuesta un día y cerrarla, por la vía administrativa o judicial ordinaria, seis años", señala Joan Navarro, portavoz de la Coalición.

Por su parte, Julio Alonso, director general de Weblogs y uno de los representantes del movimiento internauta que se reunió con la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, el pasado día 3 de diciembre para debatir sobre la ley, señala que la inclusión de la autorización judicial le parece positivo pero le preocupa que el Gobierno quiera llevara a cabo este procedimiento por un reglamento y no por una ley. "No es suficiente con que las garantías o para las webs vayan en un reglamento, deben constar en una ley, en este caso, en la Ley de Economía Sostenible. Los reglamentos no pasan por el Parlamento. Además, ¿quién me dice que ese reglamento no va a ser modificado por el Gobierno en un tiempo y van a desaparecer las garantías de tutela judicial?".

"Un requiebro para saltarse las vías judiciales"

Más crítico se muestra el presidente de la Asociación de Internautas, Victor Domingo "El Gobierno quiere hacer un requiebro para saltarse las garantías judiciales porque lo que busca, en realidad, es hacer ilegal algo que ahora mismo no lo es, como son las descargas. Cualquier regulación sobre un derecho fundamental como el del acceso a Internet o de publicación de contenidos en la Red debe requerir la aprobación previa del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado. No basta un reglamento: es preciso retirar la disposición final de la ley de Economía Sostenible".

Por su parte el responsable de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha dudado hoy de la intención del Gobierno de proceder al cierre de páginas web con contenidos ilegales en menos de un mes y con autorización judicial previa, y por ello, cree que puede tratarse de "un globo sonda". Pons, en declaraciones a Efe, ha añadido que esta noticia hay que recibirla "con inquietud", especialmente porque se trata de "una nueva filtración". No es un "comunicado oficial" y por esta razón el dirigente popular ha considerado que ante dicha circunstancia el PP desconoce si tal información "es verdadera o un globo sonda".