Teddy Bautista y dos directivos de la SGAE, imputados por apropiación indebida y administración fraudulenta

El presidente Ejecutivo de la SGAE, Teddy Bautista, el director general, Enrique Loras, y el director Económico y Financiero de la entidad de gestión, Ricardo Azcoaga Quincoces, han quedado en libertad con cargos tras declarar ante el juez central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional en el marco de la Operación Saga. Los tres miembros de la cúpula de la SGAE han sido imputados por un presunto delito continuado de apropiación indebida de especial gravedad (que se castiga con hasta seis años de cárcel) y otro de administración fraudulenta (hasta cuatro años de cárcel). Además, Bautista está imputado por un delito societario (castigado con 12 meses de multa).

El juez Pablo Ruz les deja en libertad sin fianza, pero les retira el pasaporte y les prohíbe salir de España. También deben dar un domicilio y un número de teléfono para que les puedan comunicar las notificaciones. No les impone fianza, teniendo en cuenta su arraigo y la escasa posibilidad de que se fuguen. Las actuaciones continúan siendo secretas, al menos hasta que se produzcan las declaraciones de todos los implicados.

Hoy también han declarando dos personas más. Son Elena Vázquez y Celedonio Martín, relacionados ambos con Microgénesis, una de las principales empresas implicadas en la trama en la que una estructura societaria paralela servía para desviar fondos de la SGAE. Como a los otros tres directivos de la SGAE, el juez les ha dejado en libertad con cargos, por presuntos delitos de apropiación indebida y administración fraudulenta. A Vázquez se le relaciona, además, con un delito de alzamiento de bienes. El magistrado también les impone la prohibición de salir de España y la obligación de fijar un domicilio donde puedan ser localizados.

Mañana declararán el resto de los detenidos, cuatro en total: el director general de la Sociedad de Digital de Autores y Editores (SDAE), José Luis Rodríguez Neri; la mujer y la cuñada de éste, Maria Antonia García Pombo y Elena García Pombo, respectivamente; y Rafael Ramos, socio director de Microgénesis. A todos ellos se les acusa de haber cometido delitos societarios y de apropiación indebida.

Trece horas de registro

La investigación se inició en el año 2008 y está siendo llevada a cabo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que desde esas fechas ha venido recopilando información e indicios relativos a la creación de una estructura societaria en torno a la SGAE, que, presuntamente, se habría estado lucrando de una beneficiosa relación económica con las entidades de la entidad. Los denunciantes estiman en 400 millones de euros los fondos de la SGAE desviados.

En el marco de la investigación igualmente están incursas algunas de las entidades dependientes de la Entidad de Gestión de Derechos de Autor, así como algunos de los componentes de su cuadro directivo. La SDAE (Sociedad Digital de Autores y Editores), filial digital de la Sociedad General de Autores presuntamente utilizada para desviar fondos durante años a empresas privadas, cerró un día antes de la operación de la Guardia Civil. La sociedad disuelta es ahora sospechosa de haber servido para cobijar delitos de apropiación indebida, estafa y administración desleal entre 2003 y 2007.

La Guardia Civil registró la sede de la SGAE el pasado viernes más de 13 horas y sacó del interior del Palacio de Longoria varias cajas con abundante documentación. Los detenidos han pasado las últimas horas repartidos entre la comandancia de Tres Cantos (Madrid) y a un cuartel de Las Rozas (Madrid).

La Operación Saga tuvo lugar solo unas pocas horas después de que se celebrasen las elecciones a la junta directiva de la Sociedad General de Autores (SGAE), en la que resultó ganadora la Candidatura Profesional de Compositores y Autores (CPAC), un grupo próximo a Eduardo Tedddy Bautista, presidente de la SGAE