La plataforma todoscontraelcanon.es ha presentado hoy ante el Congreso de los Diputados tres millones de firmas para pedir la eliminación del canon digital. También han anunciado el lanzamiento de una campaña que invita a los afectados por este gravamen a poner esquelas en sus establecimientos. El presidente de la Asociación Española de Internautas, Víctor Domingo, y el de la Asociación de Usuarios de Internet, Miguel Pérez Subías, han explicado a los periodistas que ahora que se estudia la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual es "el momento oportuno" para reclamar la retirada del canon. Un impuesto que, según Pérez Subías, "afecta a familias y a negocios medianos y pequeños", por lo que su retirada "puede hacer mucho en favor de la economía sostenible y de la cultura".

"Estamos hablando de economía sostenible, se introduce una ley que podrá cerrar páginas web en cuatro días y se deja de lado el canon digital que pagamos todos y que, según los últimos informes de la Comisión Nacional de la Competencia, se reparte entre muy poquitos", ha aseverado. Con la campaña El canon mata la cultura, las asociaciones de Internet quieren sensibilizar a los ciudadanos sobre "lo que hacen los políticos y también los jueces", porque estos últimos "permiten que sea una entidad de gestión privada la que decida quién puede escuchar la radio y cuánto cuesta, lo que nos parece asombroso, y encima en un régimen de monopolio".

"Los políticos no pueden pasar por alto el clamor social", ha añadido Pérez Subías. Las esquelas podrán ser descargadas desde su página web , aunque los responsables de la campaña han invitado a los internautas a que les envíen sus propias versiones y esperan verlas colocadas en restaurantes, bares, peluquerías, tiendas y otros espacios, además de en la red.

Contra la ley 'antidescargas', también

En el escrito entregado hoy en el registro del Congreso se pide, además de la retirada del canon digital, que se elimine del proyecto de Ley de Economía Sostenible -que llegará en breve a las Cortes- la disposición final primera (la denominada Ley Antidescargas) , en la que se recogen medidas para la protección de los derechos de autor y la propiedad intelectual en Internet.

Se solicita asimismo que "no se permita el cobro de remuneraciones por el mero hecho de disponer de equipos de radio o televisión en locales, negocios y vehículos", y que "se exima del pago de derechos de comunicación pública en todos aquellos actos y actividades que sean de carácter benéfico o gratuito". Esta plataforma está promovida por 32 organizaciones sociales, 29 ayuntamientos que han aprobado en pleno su adhesión a la misma, además de casi 5.000 colectivos que agrupan a 1,2 millones de personas y 1,1 millones de ciudadanos que han respaldado la iniciativa a título personal con su firma.