La industria advierte de que la piratería amenaza con aniquilar las culturas locales
España, entre los países más afectados, con 240 millones de descargas y 16 millones de CD
La industria discográfica eligió ayer Madrid para presentar el Informe mundial sobre piratería comercial. España es el país occidental con mayor índice de venta ilegal de música y cine (un 24% del mercado, con 240 millones de descargas en Internet y 16 millones de CD vendidos en la manta), y las multinacionales y los productores independientes han hecho un frente común para lanzar agónicas señales de socorro y exigir al Gobierno español que ponga en marcha su Plan Antipiratería. Según la industria, los piratas tienen a las culturas locales en peligro de extinción.
La industria mundial de la música decidió ayer cambiar Londres por el Museo Reina Sofía de Madrid para dar a conocer los datos de la piratería mundial en 2004, que se mantiene en un deterioro estable.
El año pasado se vendieron 1.200 millones de discos ilegales en el mundo, un 2% más que en 2003. Eso supone que uno de cada tres discos vendidos (el 34%) era ilegal. El mercado pirata generó 4.600 millones de dólares (3.900 millones de euros) y superó al legal en 31 países; esos ingresos suman lo mismo que los de las industrias legales, juntas, de Reino Unido, España y Holanda. Asia ha perdido el 50% de las ventas legales que tenía en 1997, Latinoamérica, el 40%...
Pero el problema más grave de Occidente es... España. Durante 2004, los españoles bajaron de Internet 240 millones de archivos de canciones en la Red sin pagar derechos, y compraron en las mantas de las ciudades 16 millones de discos ilegales (repartidos así: un 74% de CD-R, un 19% de DVD y un 6% de CD) por un valor de 62 millones de euros.
En 2004, la industria legal española ganó 464 millones de euros, un 12,6% menos que el año anterior. La venta de unidades ilegales bajó un 18%, pero el índice de piratería sigue estable en ese 24%, con Madrid, la aspirante olímpica, batiendo récords con su desolador 40%: casi la mitad de los discos que se venden en Madrid son piratas.
La Representación Internacional de la Industria Discográfica (IFPI) subraya que es inconcebible que un "país moderno y sofisticado", que aún figura entre los 10 mayores productores de música legal, esté a la vez en la "dramática" lista negra de los 10 países donde más se delinque, tras Paraguay (un 99% de venta ilegal), China (85%), Indonesia (80%), Ucrania (68%), Rusia (66%), México (60), Pakistán (59%), India (56%), y Brasil (52%). "La piratería mata a la música y no vamos a tolerar más silencio ni más frivolidad. En España está acabando con las oportunidades de invertir. Exigimos una respuesta rápida y eficaz", dijo Antonio Guisasola, presidente de Promusicae, antes AFYVE, asociación de 65 productoras discográficas españolas que copa casi el 90% del mercado nacional.
Junto a él comparecieron John Kennedy, presidente ejecutivo de la IFPI; Jurgen Larsson, presidente de Universal; José María Cámara, presidente de Sony BMG España, y Joan Padrón, en nombre de las compañías independientes europeas y españolas.
El gran jefe de Universal dijo: "Nos acusan de fomentar una globalización uniformada, pero no es cierto. Sólo un 40% de nuestro producto es de origen angloamericano. El resto son artistas locales. Pero la piratería evita la reinversión en nuevas tendencias y en talento local. Universal tiene ahora sólo la mitad de artistas locales que tenía hace siete años. La piratería pone a las músicas nacionales en grave peligro".
Reprimir y prevenir
Todos exigieron al Gobierno español la aplicación "inmediata y urgente" de su Plan Antipiratería. Los representantes de la industria esperaron en vano a la ministra de Cultura, Carmen Calvo, cuya anunciada asistencia al acto se suspendió a causa del adelanto de la votación sobre el archivo de Salamanca en el Congreso. "Hay otras prioridades", dijo lacónico Guisasola.
La industria propone medidas represivas y preventivas concretas: intervención activa de la policía municipal; formación especializada para jueces y fiscales; campañas de concienciación, y modificación de leyes para alentar las "buenas prácticas" entre los proveedores de Internet.
Aunque la conciencia política del problema ha mejorado y el año pasado las incautaciones de productos y los cierres de fábricas aumentaron un 40%, el caso español es más arduo que otros porque la lacra es doble, física y digital, y el problema amenaza a varias víctimas: a los productores, que han perdido entre 2000 y 2003 un 33% del mercado, pero también a los trabajadores, a los artistas y a los autores.
Desde 2000, en España ha desaparecido el 20% de los puestos de trabajo en las discográficas; los autores han ingresado por derechos de reproducción un 35% menos, y los artistas se han quedado sin un 37% de royalties.
