Un juez de la Audiencia Nacional decidirá sobre el bloqueo de las webs de descargas

Un juez de la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional será el encargado de decidir sobre el bloqueo cautelar de las páginas webs de descargas no autorizadas de archivos protegidos por derechos de autor como películas, canciones o videojuegos. El magistrado tendrá un plazo de cuatro días para decidir a favor o en contra de esa medida cautelar tras la presentación de la denuncia por parte de la Comisión de Propiedad Intelectual, un órgano administrativo dependiente del Ministerio de Cultura, integrado por expertos independientes.

El Consejo de Ministros ha dado hoy luz verde al "procedimiento mixto administrativo-judicial" para la regulación de las páginas de descargas con el que se quiere perseguir "a unos cuantos que se enriquecen ilegalmente del trabajo de los demás", según ha señalado en rueda de prensa, la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, en referencia a las páginas de descargas "ilegales", que cifró en un centenar."La última palabra siempre la tendrá un juez", ha asegurado.

El Gobierno da luz verde a la Ley de Economía Sostenible que contiene la normativa

González-Sinde: "La última palabra siempre la tendrá un juez"

Su entrada en vigor, para después de verano

El Gobierno ha aprobado la disposición final de la Ley de Economía Sostenible que contiene la normativa antidescargas, a la que ha incorporado la exigencia de la tutela judicial por parte de la Audiencia Nacional, modificando así la redacción original. El proyecto irá ahora al Parlamento y a los órganos consultivos antes de su entrada en vigor que no se espera hasta después del verano, como mínimo. Posteriormente deberá redactarse el reglamento que regule el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual.

Tal y como adelantó EL PAÍS, la ministra de Cultura ha confirmado que el procedimiento se iniciará cuando los propietarios de derechos de autor -una productora cinematográfica, una discográfica o el mismo autor de una canción- denuncien ante la Comisión de Propiedad Intelectual a la página que presuntamente está comercializando, almacenando o enlazando sin autorización un archivo suyo, ya sea una película, un álbum musical o un videojuego.

La Comisión entonces estudiará el caso y comprobará si se están infringiendo esos derechos. Acto seguido notificará a la web la denuncia y se abrirá un periodo de alegaciones para los responsables de la página. Una vez estudiadas esas alegaciones, si la Comisión entiende que no son suficientes, notificará oficialmente a la web que desaloje los archivos de los que está haciendo un uso ilícito y le dará un plazo para ello, dando por finalizado el proceso administrativo, que puede prologarse "el tiempo que sea necesario", según ha indicado hoy González-Sinde. No obstante, una vez presentada la denuncia ante el juez, el periodo de alegaciones no durará más allá de cuatro días.

Equilibrio entre los derechos ciudadanos y los artistas

La ministra ha destacado la rapidez del proceso y su idoneidad porque "necesitamos un equilibrio entre los derechos de los ciudadanos y los que viven y trabajan de la cultura, que supone el 4,2% del PIB y que genera cientos de miles de empleos", ha indicado González-Sinde. Casi al mismo tiempo que comparecía la ministra de Cultura, lo hacía pero en el Palacio de La Moncloa la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien ha enfatizado que el procedimiento no tiene "ni vacíos legales ni indefensiones", y es un modelo que "ágil y eficaz que establece todas las garantías".

En la misma línea se ha expresado el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que ha asegurado que la nueva normativa "descansa en un principio clave: la autorización previa". El ministro explicó que se ha elegido a la Audiencia Nacional como órgano con competencias en esta materia porque es "muy difícil" saber dónde se aloja la página web que infringe los derechos. Para atribuirle esta competencia será necesario modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El responsable de Justicia ha apuntado que se mantiene la Comisión de Propiedad Intelectual y se le permite recibir quejas de los ciudadanos por si se producen actos lesivos en Internet. "Es el juez quien va a condenar y tiene un plazo máximo de 4 días para convocar a las partes y adoptar una medida referente a cierres o bloqueos de páginas".

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